BILBAO. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, acompañada por Ibáñez de Maeztu, se ha reunido esta mañana con el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, para analizar el estado de las investigaciones en los casos denunciados en esta comunidad autónoma.

Al término del encuentro, el fiscal ha explicado que en Gipuzkoa se han interpuesto 126 denuncias, de las que se han archivado 9 y el resto se están investigando; en Álava la fiscalía indaga 31 denuncias interpuestas; y en Bizkaia se han registrado 48 denuncias investigadas por los juzgados y otras 28 por la fiscalía, de las que se han archivado 21.

El Gobierno Vasco mantendrá mañana en Vitoria un encuentro con las asociaciones Anadir y SOS Bebés Robados, que agrupan a la mayoría de afectados por estas adopciones irregulares, para ponerles al día de los datos recabados y, según ha adelantado Mendia, cada seis meses repetirán esa cita para darles "las últimas noticias" del estado de estos procedimientos incoados.

Según ha indicado, la comisión del Ejecutivo se coordinarán las actuacones de los tres departamentos que ya venían colaborando en estos procedimentos: Interior, por las actuaciones policiales de la Ertzaintza; Justicia como responsable del Instituto Vasco de Medicina Legal que hace las pruebas de ADN y del servicio de atención psicológica la víctima, además de Sanidad, en cuyos hospitales nacieron muchos de esos niños desaparecidos.

Calparsoro ha afirmado que el caso con la investigación más avanzada corresponde a uno de Bizkaia, en el que se abrió la sepultura de un bebé que estaba vacía y donde ya ha declarado como imputado un ginecólogo que intervino en el parto del niño que desapareció.

En Gipuzkoa ya se han practicado varias exhumaciones en las que se encontraron los féretros vacíos, pero "de momento no hay previsto la imputación" de ninguna, ha indicado el fiscal jefe.

La instrucción de estos casos, según Calparsoro, se está realizando en "intensa colaboración con la Ertzaintza, como policía judicial" y así, ha valorado que la policía vasca esté desarrollando un "trabajo minucioso y muy complicado, por los años que han transcurrido", ya que los nacimientos y posteriores adopciones que se investigan comienzan en torno a 1940.

El fiscal ha confiado en que se pueda esclarecer "el mayor número de casos que sea posible" y que tratará de atender "a la demanda de verdad y de Justicia" de las familias afectadas.

Según ha explicado, entre los casos analizados hasta el mento pudo haber "conexiones" entre personas pero aún no hay indicios suficientes que hagan pensar a los investigadores que existió una posible organización criminal que actuaba en toda España y que posibilitaba esas adopciones irregulares.