Txiki y Otaegi: Por una memoria deslegitimadora de la violencia

Los orígenes de ETA hunden sus raíces en la dictadura de Franco, un régimen que violaba sistemáticamente los derechos humanos de la población. Se daba una situación de violencia estructural y de falta de libertades. De hecho, las condenas a muerte de Juan Paredes Manot Txiki, Angel Otaegi Etxeberria y de los miembros del FRAP Ramón García Sanz, Jose Luis Sánchez Bravo y José Humberto Baena Alonso fueron dictadas, sin ningún tipo de garantía, por consejos sumarísimos militares y ratificadas por el consejo de ministros del dictador Franco. No había un sistema político y judicial al que recurrir para denunciar arbitrariedades políticas, atropellos policiales o desmanes de todo tipo.

En este contexto hubo personas y organizaciones que decidieron tomar las armas para hacer frente a la dictadura, como es el caso de ETA. En 1968 asesinó al guardia civil José Antonio Pardines Arcay y ese fue su primer asesinato y el inicio de su actividad armada. Casi una década después se promulgó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, que establecía la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos por la legislación, ejecutados hasta el 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura. Dicha ley también amnistiaba a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o hubieran violado los derechos de las personas.

Todo lo relacionado con los orígenes de ETA levanta aún hoy mucha controversia. Ya en octubre de 2010 en Gesto por la Paz abordamos el tema, y en nuestra revista Bake Hitzak recogimos los testimonios de siete hombres que vivieron en aquellos tiempos y que habían reflexionado al respecto; algunos de ellos incluso habían militado en ETA. Les planteamos una serie de preguntas como: “¿Algunos crímenes son justificados y otros no? ¿Fue útil el uso de la violencia en algún momento? ¿Realmente era imprescindible iniciar una guerra contra el Estado? ¿Es una espiral imposible de detener? ¿Cómo ha contribuido la sociedad que no apoya directamente a ETA a mantenerla?...”

El resultado fue que estas personas que nos dieron su opinión y otras más que hemos ido sondeando más recientemente, tenían opiniones diversas en relación con todas esas cuestiones que les planteamos, y en sus respuestas se daban muchas divergencias, matices y sobre todo algunos manifestaban y siguen manifestando grandes dudas.

Entre ellos sí había y hay unanimidad en la creencia de que el terrorismo no tiene ninguna cabida en democracia, y en el hecho de que fue la respuesta que ETA dio al régimen dictatorial de Franco lo que le proporcionó un prestigio sobre el que muchas personas han asentado su legitimidad incluso hasta el día de hoy. Pero no podemos obviar que estas personas se suelen aferrar a unos atentados muy concretos cometidos en aquella época franquista para reafirmar la legitimidad de ETA: aluden recurrentemente al asesinato del policía torturador Melitón Manzanas en 1968, y al de Luis Carrero Blanco en 1973, militar y presidente del Gobierno de España. Nunca hablan de la masacre de la cafetería Rolando, que también se perpetró en aquellos años, ni tampoco suelen mencionar que el 93% de las víctimas de ETA lo fueron en democracia.

Porque el terrorismo de ETA no se detuvo en los inicios de la transición democrática, sino que se incrementó. Ya en 1980, 33 miembros destacados de la cultura vasca de tendencias ideológicas diversas, preocupados por el incremento de la violencia, firmaron un manifiesto contra el terrorismo de ETA: Aún estamos a tiempo. garaiz gabiltz

El manifiesto tenía un valor ético importantísimo y entre otras cosas decía: “Pero no tenemos el menor reparo en afirmar que la violencia que ante todo nos preocupa es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos, de verdad, en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles”.

Alertaba del peligro “de ser vilipendiados de forma sistemática” por el hecho de manifestarse en contra de ETA, reivindicaba los métodos racionales y pacíficos para buscar soluciones a los problemas y acababa proclamando que “a la hora de encaminarnos por las sendas de la libertad y la democracia, los vascos nos encontramos en la necesidad de denunciar una situación de la que no saldremos si no nos protegemos de nuestros “salvadores” y no logramos salvarnos de nuestros “protectores”. Aún estamos a tiempo.”

Como recogía el Manifiesto de los 33 ETA y su entorno político y social se autoproclamaron protectores del pueblo vasco; decían ser el “movimiento de liberación nacional vasco” y se arrogaron la representación de la voluntad de una sociedad plural. Pero conscientes de que las urnas no les daban el apoyo deseado, la izquierda abertzale no dudó en jugar con dos barajas: participaba a su manera en el juego institucional, y a su vez se apoyaba en ETA para imponer su proyecto totalitario y sectario. Al mismo tiempo ETA, para justificar su existencia, tuvo que encumbrar el papel de su violencia, minimizar y despreciar los logros democráticos y atemorizar a toda una sociedad.

Y consiguieron trasladar a la sociedad la idea de que ellos y ellas eran la vanguardia de las luchas políticas y sociales, y de que el uso de la violencia era legítimo mientras hubiera objetivos políticos y sociales por conseguir. Y se fue instalando la idea de que denunciar y renunciar a la violencia era renunciar y traicionar a las causas que decían defender; causas que no eran suyas, sino que lo eran –o no– de una pluralidad de personas y agentes de la sociedad, aunque su obsesión ha sido siempre apropiarse de las mismas.

En los años 1993 y 1994 Gesto por la Paz hizo una importante aportación que desmontaba la legitimidad del uso de la violencia para conseguir fines políticos: En su documento “Para Salir de la situación de violencia” recogía la “separación de conflictos”. Gesto por la Paz defendía que no era necesaria la vinculación entre la violencia y los conflictos políticos que se pueden dar en cualquier sociedad. El uso de la violencia sólo tenía cabida en el marco de un proyecto totalitario y absolutamente irrespetuoso con los derechos humanos. Gesto planteaba que la utilización de la violencia no estaba justificada desde ningún análisis político; por lo tanto, su ejercicio era consecuencia exclusivamente de la voluntad de quienes usaban la violencia. No existía una causa–efecto que la justificara.

Mezclar los diferentes conflictos que se pueden dar en cualquier sociedad –conflictos políticos, identitarios, laborales, medioambientales, etc– con el uso de la violencia ha sido una fatalidad, y frente a ella Gesto por la Paz defendía que el conflicto es consustancial al ser humano y a las sociedades y que la violencia no lo es, y que su uso no es inevitable; más bien todo lo contrario; hay que evitarla.

Daño en nuestros valores

En consecuencia la historia de ETA ha sido un desastre total, y al señalar sus trágicas consecuencias siempre nos acordamos de las víctimas, porque han sido las que han sufrido en sus carnes el cruel zarpazo de una violencia que tenía como objetivo someter a toda una sociedad, pero el daño que ETA ha generado en nuestros valores y en nuestra convivencia no es menor. Y no podemos olvidarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado, porque está en juego nuestro futuro.

Por esa razón, después de que en octubre de 2011 ETA anunciara el cese definitivo de la violencia terrorista, en 2012 Gesto por la Paz, a modo de testamento, publicó el documento “Por una memoria básica deslegitimadora de la violencia”. De ese documento he extraído el siguiente extracto:

La violencia específica que se ha practicado en nuestra sociedad en las últimas décadas es la manifestación más extrema de la intolerancia. Su ejercicio ilegítimo constituye el acto de mayor injusticia que un ser humano puede cometer contra la integridad y la dignidad de otro ser humano.

La dolorosa existencia y práctica de la violencia de intencionalidad política en nuestra sociedad durante varias décadas obliga, en este momento, a establecer las bases de la memoria para deslegitimar esa violencia que hemos padecido, acompañar los recuerdos de las distintas víctimas y sustentar una convivencia futura enriquecedora.

En una sociedad tan diversa como la vasca, se puede dar una comunidad de memorias plurales sobre un pasado tan reciente, pero en todos los casos, en su base se deben asumir los criterios aglutinadores de reconocimiento fáctico y moral de lo ocurrido, de respeto a la dignidad de las víctimas y de deslegitimación de la violencia que las ha causado. La pluralidad de memorias se mostrará en los testimonios de las víctimas, en las interpretaciones de los medios de comunicación y de los historiadores, en las sensibilidades políticas y sociales… pero en ningún caso se puede aceptar como muestra de pluralidad la creación de memorias colectivas legitimadoras de la violencia o basadas en la épica de los logros de aquella. Resultaría éticamente inaceptable y dificultaría enormemente la convivencia futura.

Por todo ello, es muy necesario reconocer a Juan Paredes Manot “Txiki” y a Angel Otaegi Etxeberria como víctimas e integrar sus injustos y crueles fusilamientos en nuestra memoria, pero no se puede homenajear a una organización que asesina. Y es que tal y como recoge el documento “Por una memoria básica deslegitimadora de la violencia”, resultaría éticamente inaceptable y dificultaría enormemente la convivencia futura.