Defensa del autogobierno

El recurso al Tribunal Constitucional generó cierto grado de extrañeza. Tal vez por el hecho de que el anuncio de la apelación se produjera en la tarde de un domingo (acababa el plazo) o por el hecho de que tal información fuera hecha pública mediante una nota de prensa sin que ningún portavoz cualificado explicara de viva voz las razones de la demanda. Lo cierto es que tal decisión, avalada y promovida por los servicios jurídicos del gabinete vasco, necesitó posteriores matizaciones para clarificar la motivación y el contenido de la misma. Explicaciones añadidas que echaran por tierra las interpretaciones tendenciosas que desde determinados ámbitos se prodigaron contra dicha medida.

El recurso presentado fue la consecuencia lógica de una negociación sin acuerdo. Lo pretendido por la Administración autonómica era que el Estado reconociera las competencias vascas y no ocupara nuestro espacio para hacer políticas propias ni para hacer prevalecer sus criterios.

No toda la ley aprobada en el Congreso de los Diputados chocaba con el margen competencial de titularidad autonómica. De ahí que el recurso planteado afectaba solamente a determinados artículos. ¿Cuáles? Aquellos en los que el Estado dictaba los criterios para declarar zonas tensionadas. O los que determinaban las políticas de vivienda fijando principios y criterios a aplicar. También en la obligatoriedad de facilitar información periódica sobre el cumplimiento de dichos principios y criterios. Y, finalmente, por la creación de una Conferencia Sectorial para controlar y tutelar el sometimiento de los gobiernos autónomos a los preceptos de la ley. Es decir, control, supervisión y prevalencia de las decisiones estatales frente a las competencias reconocidas en el autogobierno vasco.

Resulta paradójico contemplar cómo ante las clarísimas evidencias que ponen de manifiesto una flagrante “invasión competencial” del Estado en el marco del Estatuto de Gernika, partidos que se declaran “soberanistas” o “independentistas” como EH Bildu se hayan plegado a la estrategia centralizadora de esta normativa. Y para más escarnio, que sean ellos, los repartidores de carnés abertzales quienes carguen contra quienes velan por el marco vasco de decisión.

Su argumento, igual que el utilizado por el gobierno español y su lenguaraz delegado cesante, es que las denominadas “disputas competenciales” son pura filosofía –“el comodín competencial”, que diría Matute–, señalando que “a la ciudadanía solo le interesa que mejoren sus condiciones de vida, sin importar qué administración toma la decisión”. Esta tesis es doblemente falsa, porque la ley estatal –ahora recurrida– no es efectiva ni soluciona el problema. Un dato; desde su entrada en vigor ha provocado, por ejemplo, la retirada del mercado de alquiler de un tercio de los pisos que existían en Donostia debido al clima de incertidumbre regulatoria creado.

Pero las críticas a la defensa del marco de autogobierno hecha por el Gobierno Vasco no se han quedado ahí. EH Bildu ha ido más allá al negar las razones de autogobierno y vincular el recurso con que el “PNV es un partido de derechas al que no le gusta la ley”, que entiende la vivienda “no como un derecho sino como una propiedad”, que “defiende a los grandes tenedores inmobiliarios y a los fondos buitre” y que coincide en sus planteamientos “con las tesis más conservadoras representadas por Isabel Díaz Ayuso”.

Por aclarar términos: no ha sido sólo el Gobierno Vasco el que ha recurrido la actual Ley de Vivienda. Lo han hecho igualmente Andalucía, Madrid, Islas Baleares y Catalunya. Allí, el recurso ha sido doble, el presentado por el Govern presidido por Aragonès y el Parlament catalán, que aprobó recurrir al Tribunal Constitucional con los votos de Junts, CUP y ERC, partido que avaló la norma en las Cortes y que comparte grupo parlamentario con EH Bildu en el Senado. A estos hay que añadir el BNG galego, que se abstuvo en la aprobación de la ley en el Congreso alegando igualmente invasión de competencias.

EH Bildu manipula. El recurso nada tiene que ver con la supuesta dialéctica izquierda-derecha. Es cuestión de alineamiento con la defensa de los intereses de Euskadi. Por cierto, un dato revelador: el único partido nacionalista del Estado con representación en el Congreso que no ve una invasión competencial contra los autogobiernos de Euskadi, Catalunya y Galiza es... EH Bildu. ERC, Junts, CUP y el BNG comparten criterio con el PNV. Los únicos que insisten en decir lo contrario son los representantes de EH Bildu, empecinados en confrontar con el PNV y de identificarlo con un partido de derechas.

Si las declaraciones de EH Bildu tiran de sal gruesa a la hora de referirse al PNV, las palabras de su beatífico candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, no han sonado tan estruendosas. Otxandiano, pese a su formación dogmática ideológicamente, cuida mucho su mensaje. No cae en el error de la estridencia o de la provocación. Lo suyo es la denuncia y la identificación de los culpables (quienes nos dirigen en decadencia), es decir, el PNV. Todo está mal. “La gestión en materia de la vivienda en Euskadi ha sido nefasta en muchos municipios”. “Nefasta”, sí. Pero para revertirla no aporta propuesta concreta alguna. Todas las soluciones son genéricas. “Debemos dotarnos de instrumentos jurídicos y políticos necesarios para poder hacer una política de vivienda pública y proactiva”. ¿Instrumentos jurídicos y políticos? ¿Cuáles? ¿La ley española que con tanta vehemencia defiende su formación? ¿Fomentar la emancipación? ¿Cómo? ¿Ocupando pisos como sus jóvenes de Ernai? Otra respuesta sin solución. Buenismo de bienquedas. Populismo de manual.

Nadie duda de que el acceso a la vivienda sea una de las principales preocupaciones que contempla la ciudadanía. La escasez de oferta a precios asequibles, tanto en propiedad como en alquiler. La dificultad urbanística de ejecutar planes ágiles que permitan el desarrollo de alternativas públicas. La precariedad laboral con sueldos que no permiten la emancipación de jóvenes recién incorporados al mercado laboral… Sí, la situación no es fácil. Pero eso no significa que la política de vivienda en Euskadi sea “nefasta”. Euskadi lleva décadas realizando intervenciones en esta materia, hasta el punto de que tiene el parque de vivienda pública más grande del Estado en proporción y el segundo en números absolutos tras Andalucía. La Comunidad Autónoma Vasca, gobernada por ese partido de “derechas” que denuncia EH Bildu, aglutina el 35% del todo el parque público estatal de vivienda, aunque nuestro país solo representa un 5% de la población global.

Además, el compromiso del Gobierno Vasco, a tres años vista, es llegar a gestionar el 10% del total de las viviendas en Euskadi. Es decir, contar con un parque de vivienda protegida superior a las 88.500 viviendas, con el 40% en alquiler. Por otro lado, el programa Emantzipa ofrece una ayuda 300 euros al mes para facilitar la emancipación de las personas jóvenes entre 25 y 29 años, un incentivo que en su primer año de existencia llegará a más de 15.000 jóvenes de nuestra comunidad.

¿Que hay que hacer más y mejor? ¿Que habrá que incidir más en la creación de nuevas viviendas con coste asumible? ¡Por supuesto! El camino de quienes defienden el autogobierno celosamente frente a la “invasión competencial” es conocido. El de quienes propugnan “el cambio de ciclo político” está por ser descubierto. Porque nunca han propuesto nada más que la queja y la crítica.

Quizá esto también cambie. Tal vez nos presenten su alternativa a la vuelta del viaje a Cuba que Arkaitz Rodríguez y Elena Beloki, –secretario general y responsable internacional de Sortu, respectivamente– están llevando a cabo invitados por el Partido Comunista de aquella isla para poner en común sus recetas sobre los “desafíos de la izquierda y el proceso de liberación de nuestro pueblo”.

¿Nos cantarán una habanera? Miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV