L a memoria humana, quizá como antídoto para vencer al sufrimiento, suele esconder los recuerdos oscuros que en su momento provocaron el padecimiento y la aflicción. No se trata del olvido o del borrado de experiencias negativas. Simplemente es el solapamiento de unos hechos desagradables que siendo revividos provocan y resucitan angustia o desolación.

La publicación de una entrevista en el diario El País a quien fuera ministro de Interior, José Barrionuevo, ha sido, en esta ocasión, el detonante para que tuviéramos que revivir un pasado truculento. Con dolor, pesar. Y al mismo tiempo con vergüenza y asco.

Entre los años 82 y 83 ETA asesinó a 85 personas. Fueron años duros. Años de crispación, de sangre, de violencia. El Partido Socialista había llegado al poder en el Estado español en octubre del 82. Por otra parte, ETA en sus diferentes versiones, continuaba con su atroz campaña terrorista y los poderes políticos españoles acusaban a Francia de no involucrarse en la persecución de la violencia.

El gobierno español pretendió que la actitud francesa cambiara y buscó para ello todo tipo de incentivos. Así lo reconocía el propio Barrionuevo en la entrevista concedida al diario El País. En ella, el ex responsable español de la policía explicitaba una conversación con el ministro Gaston Defferre a quien pretendía arrancar el compromiso de una mayor acción represiva del gobierno galo contra ETA. Pero la “colaboración” apalabrada no satisfizo a los mandatarios españoles. Barrionuevo reconocía en dicho documento periodístico que ante la inacción francesa, las fuerzas policiales españolas ejecutaron una nueva estrategia, plantándose sobre el terreno. Así, el entonces coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo establecía en Baiona un servicio policial a través de un agente “infiltrado en los grupos homosexuales de la zona”. Galindo era especialista de utilizar esta técnica de la infiltración a un lado y otro de la muga siendo prolija su actividad en sectores vinculados con el tráfico de drogas, armas, prostitución, etc. Los ámbitos más sórdidos de la sociedad donde la actividad informativa de Intxaurrondo lograba introducir y esconder algunas de sus propias antenas. En algún momento de la historia conoceremos buena parte de toda esta trama oculta y se desvelarán entonces episodios inverosímiles que bajo la excusa de la lucha contraterrorista se prodigaron en este país.

La posibilidad real de amedrentar a los núcleos “refugiados” de ETA alentó una espiral de violencia inusitada. Las acciones y atentados cometidos en Euskadi norte consiguieron alterar las rutinas de los activistas de la organización armada. Además, la alarma provocada en el País Vasco continental motivó el mayor compromiso de vigilancia de la policía francesa en su territorio.

El 6 de julio de 1983, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID, hoy CNI), redactaba un documento titulado “Acciones en Francia”. En dicho texto de los servicios secretos españoles se recomendaba la acción del secuestro como la más efectiva antiterrorista. El 15 de octubre de 1983 la nueva organización GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) secuestraba en Baiona a Jose Antonio Lasa y Jose Ignacio Zabala quienes, según reconoce sentencia de la Audiencia Nacional, fueron retenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, llevados al palacio de La cumbre (Donostia) donde fueron torturados y finalmente trasladados a Alicante, lugar en el que fueron asesinados de tres disparos en la cabeza. Sus restos fueron hallados en enero de 1985 pero permanecieron sin identificar hasta diez años más tarde a pesar de que ya en una primera autopsia se evidenciaran signos de haber sido torturados.

Apenas seis días después de la “desaparición” de Lasa y Zabala en Baiona, gendarmes franceses abortaban un nuevo secuestro. Cuatro agentes de la policía española eran detenidos por golpear e intentar introducir en un vehículo al entonces dirigente de ETA político militar Jose María Larretxea. Los “poli milis” —octavos— habían secuestrado en Bilbao al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, joven militar que acabarían asesinando el 18 de octubre de 1983.

El rapto de Larretxea, fue organizado, según propia declaración, por el ex jefe superior de policía de Bilbao, Francisco Álvarez quien argumentó que la operación se impulsó para recabar información sobre el paradero de Martin Barrios. Cuatro años después del incidente, los policías españoles serían condenados a 18 meses de prisión por el intento de detención ilegal de Larretxea. Los agentes culpabilizados de tal delito se declararon en rebeldía y no acudieron al juicio ni volvieron a pisar suelo francés ante el riesgo de ser encarcelados. Por el contrario, el Gobierno español los condecoraba y mantenía con honores en el cuerpo policial.

El 4 de diciembre del mismo fatídico año 83, otra rama de los GAL, la formada por mercenarios contratados por los fondos reservados del ministerio de Interior español, trataba de capturar al histórico dirigente de ETA, Mikel Lujua Gorostola. La operación fue “una chapuza” y el secuestrado fue un ciudadano francés de origen español sin ninguna vinculación con ETA llamado Segundo Marey. Marey fue capturado en Hendaia, trasladado al sur por la muga de Dantxarinea y retenido durante diez días en una cabaña de la localidad cántabra de Matienzo, próxima a Santoña.

Un Barrionuevo risueño, entrevistado por El País revelaba su papel protagonista en esta desgraciada historia: “Marey estuvo detenido nueve días por un grupo de policías españoles que se equivocó y cuando me entero yo digo que hay que soltarlo, porque la alternativa a ver cual es”. “Lo liquidan o lo sueltan…”.“Digo que ni hablar “.

Y lo soltaron. El mismo día que Marey fue liberado, los GAL emitieron un comunicado; “Cada asesinato de los terroristas tendrá la respuesta necesaria: ni una sola de las víctimas permanecerá sin respuestas”. Según consta en las declaraciones judiciales de José Amedo, este texto fue preparado, personalmente por Julián Sancristobal —ex alcalde socialista de Ermua y ex gobernador civil de Bizkaia— y Ricardo García Damborenea —ex secretario general de los socialistas vizcaínos—.

El 29 de julio de 1998, el Tribunal Supremo emitía una sentencia en la que condenaba a la cúpula del ministerio de interior (Barrionuevo, Vera y Sancristóbal) y a una decena de funcionarios policiales por la organización y financiación del secuestro de Segundo Marey. Los GAL, no fueron investigados como organización terrorista por lo que ni su estructura, financiación o responsabilidades no pudieron quedar acreditadas. El intento de que el ex presidente español, Felipe González declarara como imputado de la trama GAL fue desestimada por la sala segunda del Tribunal Supremo. El auto redactado por Cándido Conde Pumpido fue todo un monumento a la “razón de Estado” pues reconocía haber sido sustentado por argumentos procesales y “extraprocesales”, tratando de evitar, en todo caso, el efecto “estigmatizador” del banquillo sobre el ex presidente González, apuntado por algunos como la “X” capitular de la organización terrorista.

Según el informe presentado al Parlamento Vasco el año 2008 por la Dirección de Víctimas del Terrorismo se atribuye los GAL dejaron tras de sí 24 asesinatos y 27 heridos.

Las palabras pronunciadas esta pasada semana por José Barrionuevo al diario “El País” son un reconocimiento expreso de la responsabilidad gubernamental española en la guerra sucia contra ETA. Barrionuevo, que no expresa ni un ápice de arrepentimiento, escuda su autoinculpación en el hecho de ya haber sido juzgado y condenado (e indultado) por esta causa. Sin embargo pese a la presunta impunidad tras la que parece escudarse el ex ministro, aún caben iniciativas judiciales, parlamentarias o políticas que hagan frente a su impúdica arrogancia.

El pasado jueves conmemoramos en Euskadi el “día de la Memoria”. Recordamos hoy como ayer, a todas las víctimas que en este país han sido. Como mejor aportación a ellas, es momento de exigir al Gobierno español, en defensa de la verdad, de la justicia y de la reparación, el levantamiento de los secretos oficiales y la desclasificación de los expedientes vinculados a la guerra sucia y a los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Cuarenta años después, levántese el secreto y permítase que la transparencia nos conduzca a la verdad. Porque solo desde la verdad podremos creer en una condena auténtica y sincera de la guerra sucia.

Miembro del Euskadi Buru Batzar de EAJ-PNV