Desarme

Medio año después de que ETA anunciara “que se ha llevado a cabo el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada”, el CIV de Manikkalingam ha emitido una declaración. En ella dice que “ha recibido informes de ETA de que continua el proceso de sellado y puesta fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivos”.

EL CIV acredita los movimientos de ETA sobre la base de ‘informes’ de la propia organización armada. Todavía más, del concluyente se ha llevado a cabo el desmantelamiento de julio hemos pasado al inacabado continúa el proceso de diciembre. No hay duda. La confianza en la misión se desploma. Vamos para atrás.

Hay una serie de problemas. No hay acuerdo en cómo encauzar el llamado desarme. En el artículo Desarmearen sinisgarritasuna (6 de marzo de 2014) planteé que en torno a esta cuestión se presentan tres modelos diferentes. Hoy, las tres posiciones se están proyectando con mucha claridad. El Gobierno español cree que el desarme de ETA se producirá por medio del combate y el decomiso efectuados por la Policía y la Guardia Civil, sin alterar un ápice la estrategia antiterrorista desarrollada en la última década, de la que se considera responsable único y unilateral y no quiere compartir con nadie.

ETA entiende el desarme como algo a gestionar para que favorezca el crecimiento político de la izquierda aber-tzale, de acuerdo con lo que le convenga a lo que llaman proceso (Otegi, Berria 27 de octubre de 2014). Gestión que se realizaría, por supuesto, en clave de unilateralidad. Es decir, ETA fija unilateralmente el objetivo y las reglas que se habrán de cumplimentar en el transcurso del desarme, que quiere dosificar unilateralmente de acuerdo con los intereses políticos de Sortu y sus aliados. Como se ve en la propia declaración del CIV, es la propia ETA la que certifica unilateralmente los avances que ella misma realiza en la inutilización de sus armas. Es un desarme a la carta.

Los dos modelos anteriores son coincidentes en su pretensión de imponerse unilateralmente y en rechazar la participación y el criterio de las instituciones vascas. A estas se les apremia a elegir entre una de las dos unilateralidades. En este escenario, la propuesta que ha realizado el Gobierno Vasco seguro que no va a lograr remover de inmediato a los partidarios de los otros dos modelos de sus posiciones. Pero, el movimiento es muy interesante para resituar el debate político en términos de paz y convivencia, temas que el Estado y la izquierda abertzale están llevando a un plano marginal, empeñados como están en alimentar una política de confrontación.

El Gobierno Vasco pretende un desarme ante la sociedad vasca, bajo el control de un comité que actuaría bajo su amparo institucional. El modelo que diseña esta iniciativa se parece al irlandés. En aquel, la mesa de Stormont nombró a los verificadores, definió su mandato y decidió el protocolo a seguir para inutilizar las armas del IRA. De manera análoga, se plantea crear una vía vasca de verificación a iniciativa de las instituciones, que consolidaría en sus funciones a los miembros del CIV. Es un nuevo modelo, aunque no supone una desacreditación de los expertos internacionales que han operado hasta ahora y del conocimiento técnico que pueden aportar.

Un nuevo modelo, sin embargo, que sí aporta elementos políticos de confianza a la sociedad vasca. En el marco de esta propuesta, ETA -al someterse a la verificación de representantes elegidos por el pueblo vasco- quedaría sin opción para sostener una legitimación institucional alternativa en un proceso que, de llevarse a cabo de una manera cuidadosa y exigente, podría llevar a su disolución de facto.

Nuestro Gobierno ha dicho que la falta de desarme lastra a la política vasca, específicamente en lo que se refiere a los avances en materia de convivencia. Y es cierto. La incapacidad para resolver los puntos de discordia que existen en este ámbito es lo que está haciendo que estos temas se encuentren atascados y pierdan relevancia en la agenda pública en beneficio de otras cuestiones.

Revitalizar el debate sobre la convivencia exige iniciativa política por parte de quienes tienen autoridad para desplegarla. Llevamos unos meses discutiendo sobre otros aspectos que hay que encarar para hacer sostenible el ejercicio cotidiano del convivir. Así, las diferentes propuestas (incluidas las del mismo Gobierno Vasco) sobre la política penitenciaria que se necesitaría. En ese contexto, la manifestación del 10 de enero va ser un acontecimiento multitudinario que adquiere gran relevancia estos últimos días de 2014 y los primeros del siguiente año.

Sin embargo, no podemos aceptar que, por esa u otras razones, otras materias relacionadas con ese debate queden eclipsadas o pasen a un nivel secundario. Por ejemplo, la interpelación a la responsabilidad que, en el desmontaje efectivo de su aparato de intimidación, siguen teniendo y aún no han asumido los que han practicado el terrorismo. Esta proposición vuelve a traerla a primera línea.