Un policía local acepta 4 meses de prisión por quedarse con 495 euros de multas de tráfico

Un agente de la Policía Local de Calella (Barcelona) ha aceptado una pena de prisión de cuatro meses y quince días por haberse quedado con 495 euros de multas de tráfico, cuya ejecución ha quedado suspendida a condición de que no delinca durante el plazo de dos años.

Además, la sentencia, que es firme y ha sido notificada in voce al acusado, condena al policía a la suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de nueve meses y quince días.

El policía iba a ser juzgado este lunes por el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona acusado de un delito continuado de malversación de caudales públicos, pero las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad a finales de octubre.

En el acuerdo, el agente admitió íntegramente los hechos que se le imputaban y aceptó esta condena, frente a los diez meses de prisión y dos meses de multa con una cuota diaria de 12 euros que pedía inicialmente la Fiscalía.

Según el escrito de acusación del ministerio público, el agente, que ejercía sus funciones en la unidad de tránsito de la Policía Local de Calella desde el 1 de mayo de 2019, tenía la obligación de entregar los boletines de denuncia cobrados en efectivo al terminar su servicio en la sección administrativa del Ayuntamiento de Calella.

Sin embargo, sostiene la Fiscalía, el policía no hizo entrega de al menos 495 euros en esa sección administrativa, sino que introdujo dicha cantidad en su maletín privado, que dejó en su propio despacho profesional, con el "ánimo de darle un uso privado".

Procedimiento de información reservada

La Fiscalía cita un total de siete boletines de denuncia, cuyos importes se quedó indebidamente el agente entre julio y noviembre de 2022.

El 9 de marzo de 2023, el juez instructor del caso solicitó que se le entregaran dichos boletines, después de que el Ayuntamiento de Calella iniciara un procedimiento de información reservada para el esclarecimiento de los hechos. Tras el acuerdo de conformidad entre el ministerio público y la defensa del policía, el agente admitió los hechos de forma libre y voluntaria, aceptando la comisión del delito de malversación de caudales públicos y la pena impuesta.