Juzgan a una acusada de estafar a un inmigrante con la regularización de dos familiares

Una mujer será juzgada próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa acusada de estafar 3.000 euros a un inmigrante al que presuntamente hizo creer que podría ayudarle a "regularizar" en España la situación de dos familiares suyos que se encontraban en Marruecos.

La Fiscalía de Gipuzkoa pide para la acusada cuatro años de prisión y que indemnice a su víctima con 2.000 euros más los intereses legales correspondientes, dado que en su momento devolvió al perjudicado 1.000 euros después de que se lo pidiera "en numerosas ocasiones".

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos se remontan al verano de 2019, cuando la víctima y la acusada, condenada anteriormente en cuatro ocasiones por delitos de estafa, se conocieron a través de una tercera persona.

En este contexto, la procesada presuntamente manifestó al perjudicado que "podía ayudarle" a regularizar la situación de sus allegados porque "disponía de contactos importantes, tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Gobierno Vasco", y le remitió una fotografía en la que "se le veía con el lehendakari".

El escrito del Ministerio Público sostiene que la procesada actuó de esta manera "a sabiendas" de que lo que proponía a la víctima "no era cierto" y de que "no iba a cumplir lo prometido".

A pesar de ello, presuntamente solicitó al damnificado 3.000 euros "para llevar a cabo los trámites", cantidad que el hombre abonó en dos ingresos, el primero por un importe de 2.000 euros y el segundo por un total de 1.000 euros.

Después de que la inculpada no llevara a cabo "ninguna de las gestiones comprometidas", el perjudicado le requirió "en numerosas ocasiones la entrega de la cantidad" presuntamente estafada, tras lo que la encausada accedió a reintegrarle 1.000 euros.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa con la agravante de multirreincidencia por el que reclama cuatro años de cárcel para la mujer, así como una multa de 3.600 euros, y que compense al damnificado con los 2.000 euros aún pendientes de cobro incrementados con los correspondientes intereses legales.