El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico a reforzar las medidas para incentivar la incorporación de viviendas vacías al programa Bizigune, "estudiando fórmulas que mejoren las condiciones de los propietarios".
La enmienda ha sido aprobada este jueves por el Pleno de la Cámara, que ha debatido sobre este tema a instancias del PP, cuya iniciativa original ha sido rechazada al recibir 66 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y ocho a favor (los del propio PP y Vox).
La proposición no de ley del PP instaba al Gobierno Vasco a promover la modificación de la normativa reguladora del acceso al parque público de vivienda protegida, en todas sus modalidades, "a fin de establecer como requisito para el acceso a la misma no haber sido condenado mediante sentencia firme, en los cinco años anteriores a la solicitud, por delitos de usurpación o allanamiento de morada, o por infracciones administrativas graves relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas".
La enmienda del PNV y el PSE ha sido aprobada con los 38 votos a favor que suman ambas formaciones, 28 abstenciones (EH Bildu y Sumar) y ocho votos en contra (PP y Vox).
Incremento de la oferta
El texto insta al Gobierno Vasco a seguir promoviendo programas públicos "que permitan el incremento de la oferta de viviendas en alquiler asequible y resulten beneficiosos para las personas demandantes con necesidad de vivienda".
A través de esta enmienda, la Cámara pide al Ejecutivo que refuerce las medidas que faciliten e incentiven la incorporación de viviendas vacías al programa Bizigune, estudiando fórmulas que mejoren las condiciones de los propietarios y propietarias, y poniendo en marcha campañas de divulgación para dar a conocer este programa a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas vascas.
Protección institucional
Además, el Parlamento reconoce "la necesaria protección institucional para hogares vulnerables sin alternativa habitacional", aunque muestra también su valoración positiva por la adopción de medidas de protección de "los legítimos intereses de los propietarios y propietarias afectadas por delitos de allanamiento y usurpación, para los que ya existen sanciones en la normativa vigente".
En este sentido, insta al Gobierno Vasco a "acelerar la puesta en marcha de programas, como Alokaplus, para dar cobertura a los impagos de rentas, reducir la incertidumbre e incentivar a los propietarios por esta vía para poner en alquiler sus viviendas, manteniendo las ayudas para arrendadores cuyos inquilinos e inquilinas hayan sido declarados vulnerables".
