Los enfermeros vascos critican la suspensión de la guía de la cistitis: "Perjudica directamente a la mujer"

Los tres colegios vascos de Enfermería han expresado su profunda preocupación y desacuerdo por el auto de la Audiencia Nacional que suspende cautelarmente la guía para la indicación y dispensación de medicamentos por parte de enfermeras/os en cistitis no complicada en mujeres adultas, al considerar que supone un perjuicio directo para la mujer y el ciudadano.

Impacto en la atención sanitaria

Los colegios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que representan a 18.127 profesionales colegiados, han recordado que la guía contaba con la aprobación del Ministerio de Sanidad y que ya se había implementado en Euskadi con normalidad asistencial.

La guía permite que, ante síntomas claros de cistitis no complicada, una enfermera pueda responder mediante protocolos seguros y validados, evitando derivar innecesariamente al médico y retrasos en el inicio del tratamiento antibiótico.

Según los colegios, las infecciones urinarias leves pueden derivar en problemas graves, como sepsis, si no se tratan a tiempo. La OMS estima que una de cada dos mujeres sufrirá al menos una infección urinaria leve en su vida.

Formación y competencias de la enfermería

Los colegios han defendido que las enfermeras cuentan con sólida formación en Farmacología reconocida legalmente y que las guías no suplantan el diagnóstico médico, sino que aplican protocolos clínicos consensuados y autorizados por Sanidad.

Consideran que las disputas corporativas y la judicialización de estas herramientas frenan la agilidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud, ya que los centros necesitan trabajo en equipo y protocolos claros.

Llamado al sentido común y al apoyo institucional

La suspensión cautelar interrumpe la atención normal de estas infecciones leves y podría afectar otras guías ya aprobadas en el Estado. Los colegios insisten en que no buscan invadir competencias médicas, sino garantizar un tratamiento rápido y seguro a las pacientes. Han instado a las administraciones públicas a apoyar jurídicamente los pasos para levantar la suspensión, confiando en que la sentencia final respalde el sentido común y la evidencia científica.