Cierre nuclear en el aire

Catalunya, Extremadura y Valencia serían, junto a Castilla-La Mancha, las autonomías que podrían verse directamente concernidas si se produjese una moratoria del calendario de cierre nuclear acordado entre el Gobierno español y las empresas propietarias de las centrales para el período comprendido entre 2027 y 2035.

En España siguen activos siete reactores en cinco centrales nucleares. Y se encuentran en los territorios de las citadas autonomías, respectivamente: Ascó I y II y Vandellós (Tarragona); Almaraz I y II (Cáceres); Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara).

Es decir, tres de esos siete reactores están en Tarragona. La energía nuclear ha sido la principal fuente de producción de electricidad en Catalunya, representando un 56,7% de la producción total en el año 2024, según la Generalitat.

Catalunya es, por tanto, la comunidad con mayor peso nuclear, pues tiene instalada una potencia total de 3.146 megavatios en los reactores todavía activos de Ascó I, cuyo cierre está previsto para 2030, y Ascó II, con una clausura ideada para 2031, además de Vandellós II, cuyo cierre ocurrirá en 2035.

Le sigue Extremadura, con los dos reactores de Almaraz que alberga Cáceres. Podría decirse que es la segunda comunidad más afectada, con 2.098 megavatios de potencia instalados y cierres previstos para los ejercicios 2027 y 2028.

Extremadura solo consume en torno al 16% de la energía eléctrica que produce, según el Balance Eléctrico de Extremadura publicado por la Junta en 2023, y el resto lo exporta. Pero cabe destacar que “Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual, generando cada año el equivalente al consumo de 4 millones de hogares españoles”, apunta la página web de la central.

La valenciana central de Cofrentes es la mayor del Estado, tiene instalada una potencia de 1.092 megavatios y un cierre previsto para 2030. Suministra en torno al 45% de la electricidad que se utiliza en la comunidad, según varias fuentes, entre otras la web de la propia central.

Finalmente, en Castilla-La Mancha, la central nuclear de Trillo, en la provincia de Guadalajara, tiene instalada una potencia de 1.062 megavatios y un cierre previsto para 2035. Castilla-La Mancha, al igual que sucede con Extremadura, es una región exportadora de su excedente de producción de energía, con gran peso de las renovables.

El hecho de que Catalunya sea la comunidad más afectada por el posible retraso del cerrojazo nuclear se ha hecho sentir en La Moncloa, con el precario equilibrio de apoyos en el que se ha acostumbrado a caminar Pedro Sánchez. La reciente abstención de Junts para que el Congreso estudie una iniciativa del PP buscando alargar la vida de las centrales ha vuelto a complicar el paso al presidente español.

El Congreso inició en junio la tramitación de una proposición de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo para revertir el cierre nuclear con 171 votos a favor de PP y Vox, la negativa del PSOE, Sumar y el resto de sus socios… y siete abstenciones de Junts que inclinaron la balanza en favor de esta iniciativa.

Fricciones entre los socios

La posibilidad de una moratoria en el cierre nuclear salió a la palestra poco después a raíz de una información periodística que apuntaba un posible cambio de posición de los socialistas, al que se opuso con firmeza su socio en el Ejecutivo español, Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advirtió de que, si se aprueba una prórroga nuclear, el PSOE estaría “vulnerando” el acuerdo de Gobierno.

El Ministerio para la Transición Ecológica enfrió las expectativas, señalando que no existe ninguna negociación abierta con las empresas propietarias de las centrales nucleares. Respondía así a Endesa e Iberdrola, que habían enviado a Moncloa un escrito pidiendo precisamente la moratoria.

Desde el Gobierno se han establecido tres líneas rojas para tramitar cualquier petición formal en este sentido: que se garantice seguridad para las personas, que contribuyan a la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Esta posición se les trasladó por carta a las compañías, que por ahora no han anunciado una modificación de sus propuestas, según fuentes del ejecutivo.

Extremadura se erige en una excepción y el PSOE en esa región se ha posicionado a favor de prolongar la vida útil de la central de Almaraz, si las empresas concernidas solicitan la moratoria.