La plataforma Stop Desahucios lamenta que, aunque el Boletión Oficial del Estado (BOE) publique ya este martes la declaración como zona tensionada de Donostia, los índices de precios de alquiler aún no estén "operativos" en Gipuzkoa, "tal y como se comprometió el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso".
Según explica Stop Desahucios en una nota, esta medida es necesaria "para poder limitar las rentas especulativas a los grandes tenedores y a los contratos que se firmen por primera vez".
"Llevamos esperando seis meses para que las instituciones vascas cumplan la Ley de Vivienda", indica la plataforma, que recuerda por el contrario que "la Hacienda Foral y el Gobierno de Navarra sí han hecho los deberes" y ahora "21 municipios navarros, incluyendo su capital, pueden controlar los alquileres" tras la publicación hoy en el BOE sus índices de referencia.
Stop Desahucios aclara que, en Gipuzkoa, Donostia se unirá ahora a los municipios de Errenteria, Irun, Lasarte-Oria y Zumaia oficialmente tensionados que "no pueden limitar los precios del alquiler de los grandes tenedores existentes en sus municipios".
"Sobre todo, el alquiler de las más de 3.000 viviendas que 'fondos buitres' y grandes tenedores poseen en San Sebastián", añade este colectivo, al tiempo que insiste en la "irresponsabilidad" que, a su entender, supone "no tener listos los índices de precios".
Retraso
"Primero fue el retraso injustificado en la confección de los datos catastrales por la Hacienda de Gipuzkoa, después por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y ahora por la ineficacia de la propia Consejería", subraya Stop Desahucios.
"El resultado es que la Ley de Vivienda nace coja en estos municipios", se lamenta la plataforma, para la que "los beneficiarios de este bochornoso retraso son los especuladores, grandes y pequeños, que han convertido las viviendas de uso residencial en un producto financiero para obtener los máximos beneficios".
"Los perdedores son miles de guipuzcoanos con rentas medias y bajas que no pueden pagar los inaccesibles alquileres a los que vienen dedicando de media más del 50% de sus ingresos", remarca.
A su entender, "es obligación ineludible de las instituciones implicadas, sobre todo del Gobierno Vasco, regular y controlar el mercado del alquiler, limitando los precios con la aplicación de los índices, pero también movilizando las viviendas vacías".
Stop Desahucios reclama asimismo que se aplique "el canon a los propietarios que no sacan sus viviendas para uso residencial que regula la ley de vivienda vasca", así como una "moratoria indefinida en la concesión de licencias de pisos turísticos" y que se incremente el parque de viviendas de alquiler social".
Además, pide que se mantenga "íntegra la Ley Vasca del Suelo de 2006 en los topes establecidos para la construcción de VPO, del 40 % para las ya urbanizadas y del 75 % para las urbanizables" ya que, según indica, el PNV y el PSE-EE "pretenden rebajar hasta el 60 % en el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda".
