El Consejo de Consumidores y Usuarios apoya las sanciones del Gobierno impuestas a compañías 'low cost'

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha anunciado, por unanimidad y a través de una declaración, su apoyo a las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a determinadas compañías de bajo coste por los "reiterados incumplimientos de diferentes normas en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo".

En la declaración, recogida por Europa Press, este órgano de consulta y representación institucional que integra a las asociaciones de consumidores más representativas en este ámbito cita, por ejemplo, el cobro por el equipaje de mano y por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes; la falta de claridad en los precios finales de los billetes; la no aceptación del pago en metálico en los aeropuertos por la prestación de servicios adicionales prestados, o el cobro por la reimpresión de las tarjetas de embarque en los aeropuertos.

Según señalan, estos incumplimientos han sido denunciados en reiteradas ocasiones por las asociaciones de consumidores al considerar que se trata de "cláusulas abusivas" incluidas en los contratos con los viajeros "causantes de graves desequilibrios en favor de las compañías".

En este sentido, CCU recuerda que el equipaje de mano no facturado constituye un "elemento indispensable" del transporte aéreo, siempre que cumpla con determinados requisitos, y que no debe ser un suplemento del precio.

Asimismo, insta a las autoridades nacionales y europeas a mantenerse "firmes" en la defensa de esta postura y confía en que la UE acepte los argumentos.

Finalmente, las asociaciones integrantes de este Consejo, rechazan "cualquier manifestación de desprestigio personal" --en relación a las palabras del consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, que llamó "loco comunista" al ministro Pablo Bustinduy-- o de intimidación, "como la amenaza de subida de precios de los billetes aéreos a los pasajeros españoles, en caso de no retirarse la multa, lo que, en definitiva, supone actuaciones contrarias a la protección de los derechos de las personas consumidoras", apostilla el comunicado.