La asociación Gehitu, que defiende los derechos de las personas LGTBI+, ha denunciado el posible fraude de la ley trans que podría haber cometido el ertzaina que cambio de sexo detenido por intentar agredir a su mujer y ha asegurado que se trata, en todo caso, de un hecho aislado que perjudica a todo un colectivo.
Óscar Arroyuelo, representante de Gehitu y miembro de esta asociación en el Observatorio Vasco LGTBI, se ha referido en declaraciones a EFE al caso del ertzaina detenido en Donostia por amenazar con un cuchillo a su esposa que, según ha trascendido después, cambió de sexo en el registro y consta ahora como mujer.
Este extremo ha impedido que el caso se tramite como violencia machista con lo que los hechos se han incoado de momento como un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y doméstica, una denominación amplia que abarca todos los supuestos, pero la instrucción se ha iniciado en un juzgado ordinario.
"Responder ante la ley"
No obstante, la Fiscalía de Gipuzkoa ya ha solicitado que el juzgado de instrucción que investiga el caso se inhiba en favor del de violencia contra la mujer al entender que los hechos denunciados por la víctima no se limitan a un caso aislado.
El representante de Gehitu ha defendido la ley trans y ha asegurado que su uso fraudulento responde a episodios totalmente aislados que son contemplados en el propio articulado de la norma, que hace una "mención expresa" a los casos de violencia de género.
El Ministerio de Igualdad ya envió a los registros civiles un documento explicativo de la ley trans en el que advierte de que quien solicite el cambio registral del sexo de mala fe e incurra en un fraude "tendrá que responder ante la ley".
Otros casos
Arroyuelo ha comentado que también se denuncian fraudes de ley en el ámbito laboral o en el caso de los matrimonios de conveniencia pero ha querido dejar claro que también son hechos aislados.
En su opinión, la diferencia es el "sensacionalismo" que rodea a la ley trans que, desde que entró en vigor, fue cuestionada por "colectivos de extrema derecha y movimientos antifeministas y homófobos" que se "jactaban" de haber podido cambiar de sexo sin voluntad real de hacerlo sólo con acudir al registro civil.
Ha aludido, en este sentido, al caso de Ceuta, donde colectivos trans pidieron a la Fiscalía que investigase si el anuncio de cambio de sexo de 37 militares y guardias civiles era un fraude de ley y, en el caso de que así fuera, que se anulasen los cambios registrales.
Arroyuelo ha defendido en todo caso el contenido de la ley trans que, según ha recalcado, "no es un invento" sino que recoge las recomendaciones efectuadas desde entidades como la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea.
Ha asegurado que las personas que realmente hacen en el Estado un uso debido de esta norma, que "cuantitativamente no es un número muy elevado", son ciudadanos que "viven en situación de discriminación permanente y necesitan este reconocimiento para poder desarrollar la vida que desean".
