Las peticiones de asilo se desbordan en un año de récord

A falta de poco más de una semana para que acabe 2023, la alarmante situación en el aeropuerto madrileño ha obligado a mirar también hacia este foco de entrada de extranjeros en situación de vulnerabilidad después de un año con los ojos puestos en el mar.

Según el último balance del Ministerio del Interior, hasta el pasado 15 de diciembre, España ha superado las 51.000 llegadas de migrantes en pateras por primera vez desde 2018, con 51.739 inmigrantes arribados por esta vía. De ellos, casi el 72 % lo han hecho a Canarias, región que superó el pasado noviembre las cifras de la llamada “crisis de los cayucos” de 2006.

Pero esta semana han saltado las alarmas sobre el aeropuerto de Barajas, donde en los últimos meses se ha disparado el número de solicitudes de asilo por parte de personas que ven sus derechos fundamentales amenazados en su país de origen. A raíz de una queja de CEAR, los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 de Madrid emitieron el pasado viernes un acuerdo en el que dijeron haber constatado que los demandantes de asilo que esperan allí a que se admita a trámite su petición se encuentran en una “situación de hacinamiento” en las salas habilitadas en la T1 y en la T4.

Todo ello “sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad, que permitan proteger sus derechos básicos en las circunstancias en las que se encuentran, tratándose en algunos casos de familias y menores edad”.

Según recogieron los jueces en su acuerdo, la Jefatura Superior de la Policía de Madrid ha informado que ambas salas suman una capacidad de 156 personas y, sin embargo, acogen a 244 personas, 19 de ellos menores de edad.

Y explicó que desde agosto el incremento de solicitudes de asilo en frontera ha sido “exponencial”, pasando de 767 demandantes desde agosto a noviembre de 2022 a 1.357 en el mismo periodo de 2023.

Fuentes de Interior consultadas tras este requerimiento aseguran que este departamento habilitará, de forma provisional, nuevos espacios dentro del aeropuerto para atender a los migrantes, medidas “coyunturales” que llevará a cabo de forma coordinada con las autoridades judiciales, el Defensor del Pueblo y Aena.

Las fuentes de Aena consultadas han negado poder ofrecer información sobre los nuevos espacios que se acondicionarán, ya que esta empresa pone sus instalaciones a disposición de Policía Nacional, con la que “colabora dentro de sus competencias”, pero es este cuerpo el encargado de su gestión.

Fuentes sindicales han precisado que la situación de sobreocupación en las salas de asilo del aeropuerto es tal que algunas de las personas que allí esperan deben dormir en el suelo, en sillas o incluso haciendo uso de los baños. Han denunciado una situación sanitaria “preocupante” y la existencia de grandes cantidades de basura por los suelos, además de una plaga de chinches que ha obligado a desinfectar las salas en dos ocasiones. La coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR, Elena Muñoz, explica que el problema es que estas infraestructuras están pensadas para que las personas esperen allí hasta un máximo de 10 días y, con el aumento de llegadas están hasta 25.

Fuentes sindicales han asegurado que los policías que trabajan allí realizando las entrevistas como parte del procedimiento de solicitud están “desbordados” y, “debido al colapso”, se están admitiendo a trámite prácticamente todas las peticiones, a pesar de que la mayoría de solicitantes no reúnen las condiciones. Para el reconocimiento de este derecho, la legislación exige que el solicitante sea víctima de persecución en su país por, entre otros, motivos de raza, religión, opiniones políticas u orientación sexual, y que esta persecución constituya una violación grave de sus derechos.

Desde CEAR niegan que se estén admitiendo más peticiones que antes debido al volumen de solicitudes, sino que el grueso de migrantes son “merecedores” de ello según la legislación porque proceden de zonas en conflicto como Somalia o Guinea, donde no se respetan los derechos de las mujeres.