Errenteria: 18 familias de las VPO exigen a Jauregizar la renovación de sus contratos

Lo inquilinos han estado arropados por las plataformas STOP Desahucios y Alokairu (VPO de Benta Berri), junto a concejales de EH BILDU, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, para denunciar el "bloqueo" por parte de Jauregizar de las negociaciones con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento para "renovar los contratos protegidos a 18 familias en situación precaria que han ido finalizando desde mayo 2022".

Asimismo, han exigido la "firma inmediata" de la renovación de dichos contratos por diez años con "rentas asequibles que pongan fin a esta situación de angustia que se viene prolongando por más de año y medio con la amenaza del desalojo".

Según han explicado desde Stop Desahucios "no pueden acceder al alquiler privado porque el precio medio en Errenteria, que es un municipio tensionado por los abusivos precios del alquiler, ronda los 1.000 euros y tampoco pueden optar a un préstamo hipotecario".

Así, han censurado que ·el pretexto que expone Jauregizar es que quiere obtener una mayor rentabilidad del 4% ofrecido por cada una de las viviendas, que consiste en la ayuda de 12.000 euros que ofrece el Gobierno Vasco contemplada en la Orden 6319 de 7/12/2021 de la Consejería de Vivienda, complemementada por la ayuda que ofrece el Ayuntamiento hasta alcanzar el 4% de beneficio sobre la renta de alquiler que se fija en función de los ingresos de cada inquilino".

En este sentido, han denunciado que la empresa se acogió, al firmar el Convenio con el Gobierno Vasco en abril de 2007, "a una subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas más los anexos" y que durante esos 15 años de protección "ha ingresado las rentas en función de los ingresos de los 40 vecinos, quienes han venido pagando el IBI y los gastos de Comunidad".

Además, han señalado que "ha obtenido liquidez vendiendo a 16 vecinos que sí han podido comprarlas a precios VPO 16 viviendas por más de 150.000 euros", por lo que han calificado de "especulación rechazar la rentabilidad del 4% jugando con el futuro de estas 18 familias modestas".

Finalmente, han instado a la Consejería de Vivienda y al Ayuntamiento de Errenteria a que "hagan un ultimo esfuerzo y presionen por todos los medios a su alcance al arrendador para que firme la renovación de los contratos protegidos ya".