Crear oportunidades para quienes más lo necesitan. Es uno de los principales objetivos de Gizatea, la Asociación de empresas de inserción del País Vasco, cuyo balance de actividad de 2022 refleja que sigue caminando en esa dirección. Esta red de oportunidades laborales empleó en 2022 a 1.491 personas en Euskadi, 872 de ellas (58%) en situación o riesgo de exclusión.
En Gipuzkoa se ubican siete de las 41 empresas de inserción que conforman la asociación, en concreto, en los municipios de Donostia, Hernani, Irun (2), Oiartzun, Oñati y Tolosa. En ese transitar por la cuerda floja, la inserción sociolaboral se convierte en el principal asidero para normalizar las vidas de personas en riesgo de exclusión, algo que ha sido posible en Gipuzkoa con un total de 232 nuevas trabajadoras, el 16% del colectivo empleado durante el año pasado en Euskadi, según refleja la memoria.
“Gizatea no sólo es un actor fundamental de la inclusión de las personas que tienen menos oportunidades. También es una herramienta imprescindible para el progreso económico de toda la sociedad vasca, porque no hay progreso económico sin cohesión social”. Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, ha participado este martes en la presentación de la memoria 2022 de Gizatea, donde ha avanzado que el nuevo decreto que regula la calificación de empresas de inserción -que será aprobado en las próximas semanas- “profundizará en la protección de las personas más desfavorecidas”, y agilizará los procedimientos de acreditación de las situaciones de exclusión con Lanbide.
Nuevas oportunidades
Un sector en el que no es precisamente tarea sencilla ampliar nichos de mercado, a pesar de lo cual paulatinamente van surgiendo nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan. Tras unos años marcados por la crisis económica y social provocada por el covid-19, el sector ha entrado en una senda positiva, abriéndose paso ante numerosos desafíos, como lo han sido también los efectos de la invasión de Ucrania, la crisis de suministros, el incremento del coste de la energía, de las materias primas, o la inflación.
El nuevo decreto que regula la calificación de empresas de inserción será aprobado en las próximas semanas y “profundizará en la protección de las personas más desfavorecidas”
Las 1.491 personas empleadas el año pasado -54% mujeres y 46% hombres- suponen un 4% más que las registradas en 2021, porcentaje que se eleva hasta el 24% con respecto a las cifras de cinco años atrás. Según estos últimos datos, se han mejorado los niveles prepandemia.
“Hemos sido capaces de superar dificultades. Gizatea es un motor de confianza para afrontar el futuro”, ha declarado el viceconsejero durante su visita a la empresa de inserción Badia Berri. Con motivo de la capitalidad de la Economía Social que ostenta Donostia, el acto se ha desarrollado en esta empresa industrial en Lezo que emplea actualmente a un total de 30 personas en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres.
Según el balance de actividad, 2022 se ha convertido en el año que más empleo ha generado para personas en proceso de inserción. El 53% de ellas, quienes finalizaron el itinerario formativo el año pasado, se incorporó al empleo ordinario.
El viceconsejero ha acompañado durante el encuentro a la presidenta de Gizatea, Marijose Rodrigo, y Joana Revilla, coordinadora de la asociación. Rodrigo ha presentado los principales datos sociales y económicos de las 41 empresas de inserción, de las que ha destacado “su contribución como agentes de cambio económico y social a través del empleo inclusivo”.
Instrumento de política activa de empleo
Los ingresos totales de estas alcanzan los 48,5 millones de euros, de los cuales las ventas representan el 75%, y se mantienen como la principal fuente de ingresos de las empresas de inserción. Dicho de otro modo, la facturación de bienes y servicios del sector supera los 36,3 millones de euros, (un 51% de incremento respecto al año 2021), lo que muestra que “el sector ha conseguido hacer frente a las dificultades y salir reforzado de este último ejercicio”, según ha indicado Rodrigo.
Del total de las ventas, un 88% procede de clientes privados, y un 12% del sector público. Datos que indican que “la contratación por parte de las administraciones públicas continúa siendo muy limitada y tiene margen de mejora”, según ha señalado la presidenta de Gizatea.
Según recoge la memoria de actividad, estas empresas de inserción se convierten en “un instrumento de política activa de empleo”, ya que a diferencia de otros programas de inserción laboral y de otros mecanismos de lucha contra la pobreza, producen un retorno a la sociedad.
Algo que ocurre tanto a nivel fiscal -vía impuesto de actividad económica, IRPF- como económico -al reducir el número de personas en desempleo que reciben prestaciones-, y en términos de cohesión y justicia social.
Así en 2022, el retorno por puesto de inserción fue de 8.622 € que en términos globales supone un retorno total de 4.723.700 euros. El coste real de una plaza de inserción se estima en 8.301 € lo que supone un ahorro estimado para la administración pública de 8.497 € (en relación a los costes de una persona perceptora de RGI y otras ayudas sociales).
