El Consejo Económico y Social (CES) de Euskadi ha avisado de que "se está estableciendo un ritmo muy acelerado" para lograr el bilingüismo entre los empleados de la Administración vasca y ha indicado que fijar el euskera como lengua de trabajo en detrimento del castellano "puede perjudicar gravemente" a quienes no dominan la lengua vasca.
A su juicio, este aspecto "vulnera la libre elección de los trabajadores en el ámbito privado del trabajo, y supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo", según indica el CES en su dictamen sobre el proyecto del decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco, que ha difundido este viernes.
El órgano consultivo ve "inadecuada" la tramitación del proyecto normativo en los términos en que se ha realizado y entre sus consideraciones, destaca la necesidad de realizar un proceso previo de negociación con los agentes sociales.
La necesidad de alcanzar un acuerdo apoyado por la ciudadanía, los empleados y los nuevos trabajadores
El Consejo comparte con la norma del Gobierno vasco "la necesidad de actualizar el sistema de perfiles lingüísticos del personal funcionario a los nuevos tiempos".
Sin embargo, considera "imprescindible" lograr en torno a la norma un amplio consenso social "sobre la base de la compatibilidad y respeto de todos derechos, tales como el de la ciudadanía a ser atendida por la Administración en la lengua de su elección; los derechos laborales y al derecho al trabajo de los y las empleadas públicas tanto euskaldunes como castellanoparlantes; y los derechos de las personas aspirantes a trabajar para la Administración".
Fomentar el euskera sin perder el rumbo de la empresa
En cuanto a las obligaciones lingüísticas recogidas en la norma y que afectan al ámbito empresarial, el CES considera necesario que la regulación compatibilice la promoción del euskera con el desarrollo de la actividad económica y empresarial.
Para ello, establece como "imprescindible que la Administración conozca la realidad económico-productiva desde un diálogo abierto con los distintos sectores implicados, así como el impacto económico a la hora de establecer las obligaciones lingüísticas consideradas".
El CES también pide que el nivel de exigencia a establecer en las empresas contratistas no sea el mismo que el establecido para la Administración pública.
Asimismo, aboga por que en el ámbito empresarial, las obligaciones encuentren una causa objetiva y justificada en el objeto del contrato (y también de la subvención o convenio), y no en ningún otro tipo de consideración, y pide que se considere la realidad socio-lingüística de los territorios para el diseño y despliegue de las obligaciones lingüísticas del sector privado.
Por otro lado, el CES plantea una revisión general de la redacción de numerosos artículos del proyecto de decreto, la mayoría de contenido novedoso, al considerar que "inducen a la confusión y no garantizan la debida seguridad jurídica".
