Euskadi es la comunidad líder en celebración de consultas populares del Estado, ya que 14 de sus municipios han convocado a sus vecinos para opinar sobre la disolución o desanexión de un municipio, sobre la ampliación del Museo de la Sidra en Astigarraga, poner o no contenedores soterrados en Lasarte y sobre el sistema de recogida de residuos.
El Estado español no es una referencia internacional en cultura participativa como Suiza, Italia o Brasil. Y es que, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial, sólo se han autorizado 77, el 37 % de las 200 consultas populares solicitadas en 45 años de democracia entre los 8.131 municipios que hay en el Estado, por lo que un 45,5 % fueron rechazadas (85) y un 17,5 % (38) desistidas, archivadas o están en tramitación.
Y eso es así independientemente del color político del Gobierno de turno. Esa es la conclusión a la que ha llegado el profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Ruano, que ha recopilado los datos más completos que hay hasta ahora a través del portal de transparencia.
Ruano achaca el elevado número de rechazos a "una manera muy restrictiva de entender la competencia municipal" por parte del Gobierno, que en la gran mayoría de casos aduce que el referendo "no versa sobre un asunto de competencia municipal ni es de carácter local".
Hiruerrieta, primera desanexión
En 1986 la localidad guipuzcoana de Hiruerrieta celebró una consulta autorizada, en lo que fue el primer caso de autodisolución de un municipio vía referendo, en su caso para la constitución de tres: Ikaztegieta, Orendain y Baliarrain.
Más reciente, en marzo de 2022, el voto de 1.877 personas permitió que el núcleo de Usansolo se independizase de la localidad vizcaína de Galdakao.
En Gipuzkoa, además de los controvertidos procesos de consulta sobre residuos, en 2016 se celebró otro en el que los vecinos de Itsaso decidieron segregarse de Ezkio y convertirse en el municipio número 89 de Gipuzkoa, pero el Tribunal Supremo lo anuló en 2020.
Otras temáticas
El pasado año, los vecinos de Astigarraga rechazaron en una consulta popular un proyecto para ampliar el museo de la sidra vasca Sagardoetxea y en febrero el Ayuntamiento de Vitoria rechazó la propuesta de una plataforma popular que precisamente planteaba poder hacer consultas ciudadanas cada vez que se debatieran en la ciudad proyectos de especial relevancia que superasen los 5 millones de presupuesto, iniciativa que decayó.
A Euskadi le sigue la Comunidad Valenciana, con 12 consultas populares autorizadas por el Consejo de Ministros, Andalucía (9), Castilla y La Mancha (7) Catalunya y Extremadura (6). Melilla jamás ha pedido celebrar una consulta popular y Ceuta, Murcia y Asturias han visto rechazadas las pocas que han solicitado.
Del puente de Arbúcies al 'pueblo pitufo'
Sin duda, la consulta popular más singular la protagonizó el pueblo malagueño de Júzcar en diciembre de 2017, cuando los vecinos decidieron mantener de azul sus casas, después de ser escenario para la promoción de la película de Sony Pictures "Los pitufos en 3D".
El actual alcalde del conocido como 'pueblo pitufo', Francisco Lozano, ha asegurado que cerca del 90 % de las casas ya están pintadas de azul desde que así lo decidieron los vecinos, "y las que quedan se irán terminando en los veranos, cuando la gente puede". "Hay una casa que sin embargo se resiste a pintarla, pero yo creo que hay que respetarlo", añade el edil.
Pero la primera consulta popular celebrada en España la protagonizó en abril de 1985 un pueblo de Girona, Arbúcies, que convocó a sus 4.000 vecinos un mes después del referéndum sobre la OTAN acogiéndose a la entonces recién aprobada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Votaron 1.101 personas y hubo una abstención del 67 %, pero aún hoy perdura la ampliación del puente del municipio. Un joven periodista llamado Carles Puigdemont cubrió esta consulta para el diario El Punt. Al cabo de los años y ya como president, fue el líder de la consulta sobre la independencia de Catalunya.
El año siguiente fue Armagasilla de Alba, un pueblo de Ciudad Real que sometió a la voluntad de sus vecinos de Ruidera cuestiones relativas a las normas reguladoras de la gestión de este núcleo del municipio. Estas consultas no vinculantes, además del plácet del Gobierno, deben ser ratificadas por los plenos consistoriales.
Andalucía y Castilla La Mancha, a los que más se les niega
El ránking de consultas "no autorizadas" lo lidera Andalucía y Castilla y La Mancha, cuyos municipios han visto denegadas sus solicitudes en hasta en 13 ocasiones, respectivamente. La Comunidad Valenciana no logró el plácet en 11 ocasiones y Catalunya en 10.
"La gran mayoría de peticiones que se han rechazado tienen que ver con consultas sobre infraestructuras, líneas ferroviarias, de alta tensión, ubicaciones de prisiones, carreteras y cuestiones que el Gobierno entiende que exceden las competencias locales", apunta el profesor Ruano, que recuerda que tampoco se puede consultar sobre la hacienda local.
Como ejemplos la consulta fallida de 1990 en Sevilla sobre el ferrocarril metropolitano o la de Tarifa (Cádiz) sobre la interconexión eléctrica con Marruecos a través del municipio (1996).
La última petición de consulta que ha rechazado el Consejo de Ministros proviene de Andalucía, en concreto de La Línea de la Concepción (Cádiz) y su pretensión de convocar un referendo para elevar una petición para la conversión del municipio en autonomía.
Presupuestos participativos
Según el profesor del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona José Luis Martínez-Alonso, el "rigorismo" de la normativa para celebrar referendos populares tiene una válvula de escape en la propia ley, que permite consultas sobre temas muy concretos en los distritos sin pasar por el Consejo de Ministros.
No hay un censo sobre este tipo de consultas de barrio, implantadas en ciudades como Madrid por Manuela Carmena o en Barcelona, donde los socialistas convocaron en 2010 la famosa consulta sobre la Avenida Diagonal, que acabó costándole el cargo al teniente de alcalde Carles Martí.
La ahora alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, ha profundizado en esta vía de participación a través de los llamados presupuestos participativos, con 30 millones de euros a disposición de los vecinos.
Han participado 40.000 personas, según el consistorio, para seleccionar 76 actuaciones de barrio en la ciudad. Como ejemplo, la construcción de un campo de críquet, una propuesta impulsada por un equipo femenino de un deporte muy popular entre la comunidad pakistaní e india. Con una inversión de 1,6 millones de euros, el campo de críquet será una realidad en los próximos meses.
