Asociaciones de jueces y fiscales anunciaron ayer al Consejo General del Poder Judicial la convocatoria formal de una huelga indefinida a partir del 16 de mayo a la espera de la reunión que mantendrán el miércoles con el Ministerio de Justicia en la Mesa de Retribuciones, en la que también participará el órgano de gobierno de los jueces y la Fiscalía General del Estado.
Las asociaciones convocantes incidieron también en que “desde hace años” se ha producido un “notorio aumento de la litigiosidad dimanante”, entre otras razones por una “catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente las funciones y, por extensión, las cargas de trabajo de jueces y fiscales”.
Fuentes jurídicas precisaron que la formalización de la convocatoria de huelga se trata de un trámite administrativo que deben cumplir al menos diez días naturales antes de que empiece el parón, por lo que, a raíz de los festivos previstos para mayo, han decidido dar el paso con antelación.
Ante la formalización de la convocatoria de huelga indefinida, fuentes gubernamentales afearon a las asociaciones convocantes dicho movimiento al considerar que ello demuestra que no creen en la Mesa de Retribuciones y que “no tienen intención de dialogar”, sino una “clara intencionalidad política”.
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera de la Justicia en lo que va de año. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) estuvieron dos meses de paro hasta que consiguieron una subida salarial de hasta 450 euros mensuales. Resuelto dicho conflicto laboral, se abrió un nuevo frente y los funcionarios de Justicia empezaron su propia huelga indefinida el pasado 17 de abril para lograr una mejora salarial “en línea” con la de los LAJ. Los abogados del turno de oficio se manifestaron para reclamar también una batería de mejoras laborales que incluye actualización de los baremos, “más conciliación”, “desconexión digital” y “jubilación digna”.
