El Consejo de Gobierno autorizó ayer la creación de cuatro dotaciones del puesto de psicólogo en la dirección de la Administración de Justicia. Esta ampliación responde a que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia tiene impacto en los equipos psicosociales de la Administración de Justicia. Y es que una de sus disposiciones establece que el Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben dotar a los juzgados y tribunales de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de las nuevas obligaciones legales.
Asimismo, las comunidades deben dotar a los Institutos de Medicina Legal, Oficinas de Atención a las Víctimas órganos técnicos que prestan asesoramiento pericial o asistencial y servicios sociales– de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de los fines y obligaciones previstas en la ley.
