El ingreso en prisión de personas con patología dual, afectadas por un trastorno de adicciones y otro psiquiátrico, no hace más que agravar su situación. La enfermedad entre rejas no solo no desaparece sino que avanza. Es la alerta que lanza la asociación guipuzcoana Katearen Loturak, que junto a otras tres entidades del Estado ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertando de la “desatención que sufren sus familiares en prisión”. Piden a la institución que vele por un colectivo “vulnerable y doblemente dañado por el sistema penitenciario”.
Las asociaciones firmantes solicitan al Defensor del Pueblo que traslade a Instituciones Penitenciarias la necesidad de implantar “de manera efectiva” el Protocolo de Aplicación del Programa Marco de Atención Integral a enfermos mentales en centros penitenciarios (PAIEM). Piden hacerlo con especial incidencia en la asistencia clínica a personas con patología dual, “bien acudiendo a los profesionales la red pública” y, en su caso, permitiendo el acceso de especialistas de la red privada.
Estas entidades sociales alertan de que las personas aquejadas de esta patología en centros penitenciarios “padecen una situación de cuasi abandono”. Aseguran que la población reclusa aquejada por esta enfermedad se está incrementando exponencialmente, y relatan diversos episodios, como “suicidios, autolesiones, castigos por comportamientos inadecuados y aislamientos prolongados, muchas veces contraproducentes, por falta de profesionales no formados en patología dual”.
Una situación que se va de las manos
Katearen Loturak, una de las asociaciones firmantes, nació en Debagoiena en 2019. Desde entonces, los familiares de personas afectadas por esta patología reclaman ayuda para responder a una situación que se les va de las manos, con el enorme desgaste físico y emocional que conlleva lidiar a diario con las adicciones y la incomprensión social.
“Si existe un trastorno adictivo, del que además está al tanto la justicia y los servicios municipales, se deberían adoptar medidas que obliguen a estos chicos a ingresar en un centro de rehabilitación antes de que sea demasiado tarde”, defienden estas madres. Entienden que hoy por hoy la respuesta de la administración es “un parcheo” que no aborda en toda su dimensión la complejidad de la patología dual.
La pandemia, de la que paulatinamente se va pasando página, ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar de la salud mental, que tradicionalmente ha sido considerada la hermana pobre de la sanidad. Junto a ella, la adicción es la marginada, y cuando ambas se juntan aflora la patología mental, señalan estas entidades, “la gran desconocida olvidada”.
“Todos sabemos que la patología dual exige una capacidad de adaptación muy importante, y la implicación de varios ámbitos asistenciales. Por eso, entendemos que la prisión no es el recurso adecuado para su abordaje”, exponen en el escrito dirigido al Defensor del Pueblo, que cuenta con el apoyo en el que detallan las situaciones que se viven de puertas adentro en prisión.
Entre ellas, mencionan el propio estrés que la propia prisión genera, o el déficit en sus habilidades y capacidades para manejarse autónomamente. “La pregunta que nos surge es la siguiente: hasta qué punto estas personas son infractores o víctimas de la mala gestión de la coordinación entre la red sociosanitaria y las diferentes entidades e instituciones con responsabilidad en la atención a este a colectivo", plantean.
Las asociaciones firmantes señalan que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución, las prisiones han de estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. “No es admisible que estén causando un mayor daño a quienes tienen patología dual, que es lo que está ocurriendo con este perfil de pacientes que cumplen penas privativas de libertad”, denuncian.
