"Muchas comunidades se la están jugando con las rehabilitaciones de las fachadas"

La realidad que se vive en el sector de la rehabilitación de fachadas es preocupante, según reconoció recientemente a este periódico Txema Muñoz, el presidente de la patronal guipuzcoana Ascongi. "Generalmente, a una empresa se le pide una documentación, pero es que en la rehabilitación no se le pide absolutamente nada y además el tipo de cliente al que se dirige la rehabilitación es un cliente privado que no tiene experiencia en estas lides. Tú vas a hacer una obra con un ayuntamiento o una diputación y hay unos procedimientos. Nos gustarán o no, pero hay unos procedimientos".

Y en esa indefinición y desconocimiento, "han nacido muchas empresas" con las que "muchas comunidades se la están jugando" como clientes. "Algunas vienen de albañilería pura y dura de casas", confirma Muñoz: "Sus gastos son nulos, porque lo único que hacen es comprar material, lo subcontratan y lo colocan. No tienen estructura y menos músculo financiero y no quiero ni decirte que no podrían soportar ni una huelga del transporte como la que acabamos de vivir. No ofrecen ninguna garantía", recordó Muñoz.

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"Hay gente que quiere hacerlo bien y se organiza, tiene una estructura mínima y va creciendo. Perfecto. Pero una empresa que al cabo del año está haciendo obras de 100.000 o 200.000 euros, lo que no puede coger son obras de 500.000; y menos de un millón. En el caso de una empresa que tenía una facturación anual del orden de 300.000 a 500.000 euros, iba a coger una obra de más de dos millones de euros y no ha podido porque le han empezado a pedir papeles y no podía presentarlos", explica Muñoz. Es solo un ejemplo más.

"Hay que mentalizar a los propietarios, a las comunidades, a la sociedad en general, de que tienen que tener unos criterios a la hora de elegir una empresa. Y a esa empresa le tienen que exigir que tenga seguro, que esté dada de alta en el REA (Registro de Empresas Acreditadas), que tengan personal: una serie de técnicos, encargados, departamentos de calidad, de seguridad, de prevención...", insiste el presidente de Ascongi.

La administración pública, asegura Muñoz, tiene una parte de implicación ahí, que decimos que tendría que intervenir. ¿Qué ocurre? Que cuando se piden ofertas, eso lo tiene que aprobar la comunidad. Y la comunidad generalmente va a tender al más barato. La clave, por tanto, es pedir un aval. Una empresa solvente tiene una línea de avales. Yo creo que eso se debería pedir a todo el mundo. Y no hubiese pasado esto", explica el presidente de Ascongi.

Por otra parte, la Administración pública, dice Muñoz, "en cuanto a que puede dar subvenciones a las comunidades de vecinos, que las hay casi siempre, debería exigir una serie de criterios mínimos a la comunidad en el sentido del tipo de empresa que tiene que contratar y decir: la empresa la que contrate tiene que cumplir esto, esto y esto, y si no, yo no le doy ayudas", afirma Muñoz.