- La opción del Defensor del Pueblo para investigar los abusos a menores en la Iglesia se abre paso tras el debate parlamentario de esta iniciativa, planteada por PSOE y PNV, pese a las críticas de Unidas Podemos, que la considera “un parche” e insuficiente para reparar el dolor de las víctimas.
A falta de la votación, mañana, de la proposición no de ley presentada de forma conjunta por PSOE y PNV, la mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron ayer partidarios de sacar adelante esta iniciativa, que encomienda al Defensor del Pueblo la investigación de los casos de pederastia en la Iglesia católica.
“Tenemos la obligación de empezar el principio del fin de esta lamentable y durísima situación”, subrayó la diputada del PSOE Carmen Calvo, encargada de defender la propuesta, que reconoció que el Estado “llega tarde” a dar respuesta a las víctimas.
Por su parte, la diputada del PNV Josune Gorospe se comprometió con las víctimas a trabajar “hasta el final” para esclarecer los hechos y puso en valor la figura del Defensor del Pueblo para este cometido, al considerar que la investigación debe quedar fuera de la “guerra política” de la Cámara.
Sin embargo, la fórmula elegida para la investigación de los abusos a menores en la Iglesia volvió a enfrentar a los socios de gobierno.
La Junta de Portavoces del Congreso rechazó la propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia católica, con los votos en contra de PP, Vox y PNV y la abstención de PSOE y Ciudadanos.
De esta manera, el Congreso frena una comisión de investigación parlamentaria sobre la pederastia en la Iglesia, que generaba muchas dudas entre varias fuerzas políticas, incluida el PSOE, por la posibilidad de que un tema tan delicado se convirtiera en un espectáculo o que no protegiera adecuadamente la intimidad de las víctimas.
Este pasado lunes, UP, ERC y Bildu presentaron al PSOE una enmienda a su PNL en la que planteaban la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los casos de abusos recopilados por el Defensor del Pueblo y que pueda obligar a la Iglesia a cooperar.