Las CCAA con lengua propia piden al Gobierno español que haga sus deberes

DONOSTIA. Más de 19 millones de personas, el 40% de la población del Estado, viven en una comunidad con lengua cooficial. Pero a día de hoy persisten muchos obstáculos para relacionarse en el idioma propio. Esta realidad choca con la obligación de proteger y desarrollar las lenguas minorizadas adquirida por el Gobierno español cuando ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales Minoritarias hace ahora 18 años. Pero por insistencia de las comunidades con lengua propia y por coherencia con la realidad plurilingüe del Estado que no sea.

Los responsables de política lingüística de Euskadi, Nafarroa, Catalunya, Galiza, Illes Balears, Valéncia se reunieron ayer en Bilbao en el marco del Protocolo de colaboración en material lingüística suscrito en 2007 para reclamar a los responsables del futuro Gobierno español que den "pasos efectivos para incorporar a su agenda política un plan eficaz orientado al cumplimiento de los deberes que la Administración del Estado tiene para con las lenguas oficiales diferentes al castellano" sobre la base "del acuerdo y la convivencia lingüística".

Este es el mensaje central de la Declaración de Bilbao, el documento firmado tras la comisión de seguimiento anual del Protocolo, en la que se abordaron distintas acciones conjuntas para fortalecer las lenguas propias, como la habilitación de traductores jurados o el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje y otros proyectos europeos. En el foro se aprobó la concesión del Premio a la Promoción de la Realidad Plurilingüe del Estado a la cantante gallega Guadi Galego por su último trabajo Inmersión, en el que recoge piezas cantadas en las siete lenguas de la península Ibérica. También se acordaron las líneas del trabajo conjunto que llevarán adelante estas seis comunidades para la promoción de sus lenguas en 2020.

Al encuentro celebrado en el Archivo Histórico de Bilbao asistieron, entre otros, Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco; Miren Dobaran, viceconsejera vasca de Política Lingüística y Mikel Arregi, director del Instituto Navarro del Euskera, Euskarabidea. Junto a ellos comparecieron representantes del resto de comunidades.

Uno por uno leyeron el comunicado, que censura al Estado por el incumplimiento sistemático de su deber de proteger y apoyar las lenguas minoritarias. El texto subraya que hoy es más necesario que nunca que la Administración del Estado "con la coherencia exigible a todo Estado democrático, vele por la protección y la salvaguarda de los derechos lingüísticos". Esta reivindicación, dijeron, no se trata de una "opción" sino de "un imperativo democrático del máximo nivel".

Pedagogía, el primer paso Según la declaración, la vía para comenzar a lograr este objetivo pasaría por que el Estado realice un ejercicio básico de pedagogía. "Es de vital importancia para la convivencia armoniosa entre las lenguas y sus hablantes que las autoridades del Estado adopten medidas pedagógicas y comunicativas eficaces en orden a la asunción por parte de todo el conjunto de la ciudadanía del Estado de la esencial realidad multilingüe de este". Estas comunidades declararon que es posible compartir un diagnóstico común y promover un trabajo conjunto.