zumarraga - Ha tenido que cruzarse “la línea roja” para que los trabajadores del centro de menores Ibaiondo de Zumarraga se atrevan a hablar de la situación que viven a diario. La agresión que padecieron dos educadoras el pasado 14 de abril ha supuesto “algo más”: “Ya no ha sido una reacción por un castigo, estaba organizada por una fuga”. Por ello, una treintena de empleados del centro educativo protestaron ayer ante el edificio exigiendo medidas de seguridad y que se tome en consideración su opinión.

“El Gobierno Vasco debe tener en cuenta que Ibaiondo es un centro diferente a cualquier otro. No es poner una verja y ya está”, contaba ayer una de las trabajadoras, Luisa Fernández, frente al único centro de menores catalogado como nivel 1, el de mayor restricción, de Euskadi.

La agresión de tres usuarios a dos educadores ha supuesto la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que los empleados -coordinadores, psicólogos, trabajadores sociales, profesores y educadores-, reacios a contar la situación del centro, se decidieran a denunciar la falta de seguridad que padecen.

“Estamos acostumbrados a las agresiones, pero esta vez se ha cruzado la línea roja. No fue una reacción a un castigo, era algo más”, explicó el portavoz del comité de empresa, Patxi Lasa, quien añadió que el ataque fue organizado por los menores con el objetivo de perpetrar la fuga de uno de ellos.

Por este motivo, los trabajadores exigieron que se tengan en cuenta sus opiniones y que se tomen medidas de protección. “Tiene que haber una empresa específica que se encargue de la seguridad. No pueden ser los mismos que van a la puerta de un centro comercial”, aseguró Lasa.

Asimismo, los empleados pidieron que la dirección del centro les nombre figuras de autoridad para “poder educar a los menores bien”. “Hay muchas bajas por lo que está ocurriendo dentro y no damos abasto. Entran y salen menores sin parar y así no se puede”, apuntó Fernández.

Para poder abordar esta problemática, el comité del centro solicitó hace meses una reunión con la comisión de seguridad y salud que confían se pueda celebrar en breve. De igual modo, los empleados trataran de reunirse con la dirección de Justicia para tratar las funciones del personal de la empresa de seguridad, así como otras medidas.

mayor rigurosidad con la edad La seguridad no es el único problema que denunciaron los trabajadores. El cerca de medio centenar de empleados que atienden a en torno 35 chavales, algunos de ellos acusados o condenados por homicidios como los presuntos asesinos de la pareja de ancianos de Otxarkoaga, afirmaron encontrarse “saturados, cansados y estresados” ante el día a día que viven.

“Necesitamos un mayor apoyo psicológico”, demandaron, puesto que “las doce horas diarias con estos menores significan mucho estrés mental y físico para todos”.

Por ello, los educadores ven necesario un mayor descanso y la relegación de algunas funciones.

Además, la saturación del centro, que se encuentra cerca del límite de su capacidad, obliga a que los procesos de reintegración de los menores “no se terminen”. “Como tienen que llegar nuevos chavales, se manda fuera a gente que no ha finalizado su educación”, detalló la trabajadora.

Para solucionar este problema, ven necesario que se cumplan “más medidas” como la de ser más rigurosos con la edad de los jóvenes. “Hay gente con 18, 19, 20 y 21 años que está aquí y que no quieren aprovechar el recurso que se les da para educarlos, por lo que creemos que deberían irse”, aseguró Fernández, quien opina que estos usuarios deberían ser derivados a otros centros de cumplimiento acordes a su edad.

El centro educativo Ibaiondo es el único de Euskadi de régimen de internamiento cerrado. A sus instalaciones son trasladados los menores que cometen los delitos más graves. La conflictividad en los últimos meses ha sido una tónica con diferentes agresiones a educadores y la fuga de varios de sus usuarios.