La diputación presta ayuda económica a 123 jóvenes en riesgo de exclusión social

Donostia - El año pasado 78 jóvenes en riesgo de exclusión social de entre 18 y 23 años accedieron, por primera vez, a las ayudas del Programa de Acompañamiento Especializado de la Diputación, lo que supone un 50% más que el año anterior, cuando el Ejecutivo foral aprobó 52 nuevas solicitudes. De todos ellos, a día de hoy 87 jóvenes -en total son 123- siguen cobrando esta prestación, que tiene como objetivo ayudar a la integración social de estos chavales tras cumplir la mayoría de edad.

Durante 2017, el Ejecutivo de Markel Olano destinó 744.600,81 euros a estas prestaciones, que no pueden superar los 700 euros al mes. Y la previsión de gasto para este año se espera que supere la partida del año anterior, ya que solo en los primeros cuatro meses de 2018 se han destinado 288.944,94 euros, así que para el conjunto del actual ejercicio se “estima” un “gasto de en torno a 880.000 euros”, según señala el Departamento de Políticas Sociales en una respuesta por escrito al grupo juntero de Podemos.

Para tener acceso a este apoyo económico que ofrece la Diputación a los jóvenes más desfavorecidos que dan el salto a la emancipación y a la vida adulta hay que cumplir una serie de requisitos. Por un lado, el solicitante debe contar con seis meses de empadronamiento y residencia efectiva y haber participado durante los seis meses anteriores en un recurso de inserción social, como puede ser el Programa de Acompañamiento Especializado, Centro de Día, Alojamiento o Intervención Familiar. Aunque en este punto, cuando el joven proviene del Sistema de Protección de Menores, solo se precisan dos meses de intervención previa.

Asimismo, “la ayuda económica es incompatible con la estancia en un alojamiento”, según sostienen desde el departamento que dirige Maite Peña. Obviamente, si el objetivo de estas ayudas es facilitar el salto de estos jóvenes en riesgo de exclusión a la vida adulta uno de las metas es la emancipación. Eso sí, si se prevé abandonar el alojamiento, la normativa incluye entonces una excepción para poder cobrar la ayuda durante los dos meses anteriores a la salida efectiva.

Además, deben contar con un informe de evolución favorable en el recurso en el que hayan sido atendidos previamente, aceptar un plan individual de trabajo y disponer de una previsión mensual de gastos e ingresos.

De hecho, de las 81 solicitudes que se presentaron el año pasado, se denegaron el 4%, es decir, tres. Y el año anterior, de las 57 nuevas solicitudes, se rechazó el 9%, un total de cinco.

Entre los motivos para denegar el derecho a la prestación, expone el departamento, están el incumplimiento de alguno de los requisitos como no tener los seis meses de empadronamiento o de intervención, la falta de capacidad para la gestión autónoma del dinero y la falta de rendimiento formativo, laboral u ocupacional.

De los 123 jóvenes que en la actualidad reciben esta prestación económica que otorga la Diputación, el 38% proceden de pisos de emancipación, otro 38% del Sistema de Protección de Menores, un 2% de Protección Internacional y un 22% ha pasado por el Programa de Acompañamiento Especializado.

un referente Respecto a este último programa, que el año pasado contó con un presupuesto de 722.000 euros, supone que el usuario cuente con un profesional cualificado, es decir, una persona de referencia que contribuya a mejorar el desenvolvimiento autónomo y la integración social de la persona. Las solicitudes para acceder a este servicio de atención secundaria se realizan a través de los servicios sociales municipales. Son ocho las entidades implicadas en este programa, que en 2016 sumó 135 solicitudes -de las que se aprobaron un 88%- y el año pasado alcanzó las 162 -con un rechazo solo del 3%-.

Una vez más se repiten alguno de los requisitos por los que se denegaron las ayudas económicas antes citadas, como no tener seis meses de empadronamiento, la ausencia de conciencia de problema y motivación para el cambio, y la falta de competencia para seguir un proceso de inclusión social.

El departamento constata que desde 2014 la evolución de la intervención en este programa de acompañamiento ha sido “favorable” en el 67% de los casos que han finalizado el proceso y “desfavorable” en el 33%.