Acusan a Munilla de provocar un agujero de más de un millón de euros en la diócesis de gipuzkoa

donostia - Una nueva polémica ha sacudido la diócesis de Gipuzkoa después de que un grupo de curas, religiosos y laicos del territorio haya acusado al obispo José Ignacio Munilla de haber provocado un “agujero de más de un millón de euros” en las arcas de la diócesis, hecho que el obispado negó ayer categóricamente.

Según informó el portal Religión Digital, un grupo de religiosos y laicos guipuzcoanos ha elaborado un documento en el que denuncian las penurias económicas que estaría atravesando la diócesis de Gipuzkoa por la mala gestión del obispo.

En el texto que no lleva firma se recoge que la diócesis se está planteando acometer una “reestructuración patrimonial” para mejorar el estado de las arcas. “Los responsables de la diócesis están decididos a emprender una reestructuración de gran envergadura del patrimonio del obispado”, justificando su decisión con que llevan “varios años cargando con un agujero de un millón de euros para arriba cada año”, recogen los denunciantes.

Exponen que “en ningún momento” se presenta el balance de situación del obispado, a su juicio, el “único instrumento” para poder comprobar las causas que han podido originar este “agujero”. Prosiguen que solo se recoge como causa el mantenimiento del patrimonio, partida a la que cada año se estarían destinando “más de 500.000 euros”. “Pero tampoco se dice en ningún momento en qué clase de patrimonio se gasta este dinero”, remarcan.

Además, citando a “sacerdotes que asistieron al Consejo Presbiteral”, recogen que el vicario general les comentó que “parte del déficit del último ejercicio se debe a una pérdida de 700.000 euros en valores del Banco Popular”.

Por todo ello, instan a que se realice “una auditoría externa” que aclare la situación. “Además, pedimos una información veraz y transparente sobre la venta de diversas viviendas en el centro de la ciudad, así como de las viviendas cuya venta pueda estar en curso”, afirman.

profesionalidad y transparencia Ante estas acusaciones, el obispado de Donostia emitió ayer un comunicado en el que defendió la “profesionalidad, prudencia y transparencia” con la que gestiona “el patrimonio recibido por sus fieles”, al tiempo que recordó que sus cuentas “son publicadas anualmente” en el Boletín Diocesano, además de estar disponibles en su página web.

En su nota, el obispado explicó que este “posible” proyecto de reestructuración patrimonial ya fue dado a conocer el pasado 22 de febrero al Consejo Presbiteral sin que ninguno de sus miembros “mostrase una posición contraria”.

La nota concretó que con esta iniciativa se busca “rentar una parte” del “patrimonio inmueble” de la diócesis, con el fin de “obtener los ingresos suficientes que permitan” el mantenimiento y conservación del patrimonio religioso de sus “numerosos templos de culto” que son la razón del “déficit de gestión anual” que se produce en la diócesis.

El obispado aclaró en su escrito que su gestión económica “está supervisada por el Consejo Diocesano de Economía”, integrado por “reconocidos profesionales en materia económica y jurídica”.

Expuso, además, que la diócesis también solicita el consejo del Colegio de Consultores en sus “actividades económicas más trascendentes”.

Recordó también que en el año 2011 su contabilidad fue sometida a un “estudio externalizado”, mientras que en 2015 se realizó una auditoría económica del conjunto de los organismos diocesanos, y en 2016 una auditoría de análisis y diagnóstico de las políticas contables y controles internos, mientras que actualmente se lleva a cabo una revisión anual.

Además, en la última celebración de la Iglesia Diocesana, en noviembre de 2017, se entregó a todas las parroquias la información sobre el resultado del ejercicio económico del año anterior, para que, según el obispado, fuera puesta “a disposición de los fieles”.

Por estos motivos, la diócesis lamentó que “la irresponsabilidad del comunicado emitido por el citado colectivo haya podido inducir a una alarma gratuita e innecesaria” y que los redactores del documento “no se hayan acercado” antes al obispado para “contrastar sus inquietudes”. - N.G./Efe