"La Justicia es un servicio público, pero el Gobierno la está limitando y haciendo que todo sea de pago"

"Vienen muchas reformas de leyes y cambios que van a dejar un panorama bastante preocupante en cuanto a vulneración de derechos y también porque detrás de estas reformas vemos un claro afán recaudatorio. El Gobierno nos reduce derechos, recauda dinero y además no se sabe a dónde va ese dinero. Nosotros hacemos este manifiesto para poder llegar a los ciudadanos y explicarles qué va a pasar, porque al fin y al cabo son ellos los que van a sufrir las consecuencias de todos estos cambios", apunta la abogada.

El manifiesto analiza una decena de leyes y proyectos de ley que afectan a la Administración de Justicia. ¿Es necesaria una reforma tan amplia?

-Sí, pero se han planteado muchos cambios de golpe y creemos que eso no es positivo. Es verdad que la Justicia se estaba quedando obsoleta en muchas cosas y que no respondía a las necesidades actuales. Pero la reforma se tenía que haber hecho con un análisis previo más profundo porque estamos hablando de Justicia, que nos afecta a todos, aunque el ciudadano lo vea como algo lejano. La Justicia es un servicio público, como la Sanidad y la Educación, y la están limitando y haciendo que todo sea de pago. Con el agravante de que no sabemos a dónde va a parar ese dinero.

¿Qué aspecto de la reforma le parece más preocupante?

-Lo preocupante es el escenario que dibujan estos cambios. Parece que el Gobierno ha cogido todas las leyes, las ha metido en la batidora y a ver qué puede sacar de ahí... El Código Penal, por ejemplo, si al final se aprueba una reforma como la que está planteada de la instrucción, se encargará la Fiscalía, que es un órgano político y no tiene la independencia de los jueces. También quieren suprimir las faltas, pero ¿a costa de qué? O las desvían a otras áreas (civil o administrativo) con sus consiguientes sanciones, bastante altas por cierto, o se quedan en el área penal transformadas en delitos. Eso va a tener una gran repercusión para los ciudadanos, cuando se sabe que la tramitación de las faltas no está colapsando la Justicia. Y por no hablar de esa barbaridad de la prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua y la ley no especifica cómo se va a revisar.

¿Las reformas que plantea Gallardón siguen algún modelo?

-No. De hecho nos sitúan a años luz de otros países europeos. En Francia, por ejemplo, habían impuesto las tasas judiciales y han terminado quitándolas porque no funcionan y no cubren sus objetivos. Sin embargo, va el señor Gallardón y nos plantea lo mismo que allí no ha funcionado. Da rabia ver que algo tan obvio se mantiene y que se plantean deprisa y corriendo una serie de reformas malas para la ciudadanía. Pensamos que plantear tantas reformas al mismo tiempo es una artimaña para que no podamos analizar las leyes una a una y ver todos sus fallos. Si no, ¿a qué viene tanta prisa para remodelar de golpe tantas leyes y códigos que llevan años sin tocarse? Es evidente que hay leyes que necesitan reformas, pero de una manera cautelosa, no puedes hacerlo al tuntún y sin analizar las consecuencias que puede tener para el ciudadano.

Se quejan de que el Ministerio no ha consultado con los abogados.

-Estos proyectos nos preocupan especialmente porque el Gobierno tiene detrás una mayoría y lo que se le dice le da igual. Si estas reformas se hicieran pensando un poco en el ciudadano, que es a quien van dirigidas, no las harían así. Pero no les interesa preguntar ni a los ciudadanos ni a los diferentes agentes de la Justicia. Si nosotros, los Abogados Jóvenes, hemos hecho 79 enmiendas al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los demás también plantearán objeciones, por eso no les interesa y va todo dirigido a la privatización.