El PSOE carga contra Junts y se opone por ahora a trocear el escudo social

El Gobierno español sigue sin concretar públicamente cuáles serán sus próximos pasos tras la caída del decreto del escudo social,que el Congreso de los Diputados ha tumbado por segunda vez consecutiva por el rechazo de PP, Vox y Junts. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya intentó sacarlo adelante en una primera votación dentro de un paquete más amplio que incluía la subida de las pensiones, pero no evitó su derrota. Después siguió el consejo del PNV: optó por trocearlo para salvar al menos la subida de las pensiones en otro texto aparte y, en cuanto al decreto del escudo social, moduló una de las medidas más discutidas, la prórroga antidesahucios, como le habían pedido también los jeltzales para que no se vean afectados los pequeños propietarios que tengan una sola vivienda, o que tengan en propiedad la casa en la que residen y alquilen otra. Sin embargo, el Gobierno español no ha sido capaz de generar más adhesiones y el decreto ha vuelto a caer esta semana. No se ha detallado en público un plan C, y el PSOE opta por retirarse del foco mediático y trasladar la presión política a los grupos que lo tumbaron. Sobre todo, a Junts, con quien los puentes siguen completamente rotos y es probable que no se recompongan hasta que el expresident Puigdemont pueda regresar a Catalunya sin ser detenido. 

Mientras tanto, el PSOE evita decantarse en público por una solución que lo lleve a trocear de nuevo el decreto y a dejar fuera la prórroga antidesahucios para salvar, al menos, la prohibición de los cortes de suministros de luz y gas y los descuentos en el bono eléctrico. Con ese movimiento, se interpretaría que el PSOE acepta prescindir del escudo antidesahucios y asumir su caída.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, no se mostró partidaria este sábado de trocearlo. En Radio Nacional de España, dijo que “el escudo social no es una caja de bombones” donde “eliges el bombón que más te gusta y te lo comes”, sino que “es un conjunto de medidas que implica a mucha gente, a los que no pueden pagar el gas, a los que no pueden pagar la luz, a trabajadores para que no puedan ser despedidos y autónomos, y a familias vulnerables”. “El año pasado iba todo junto y se aprobó. El PP y Junts no hicieron ningún teatro por las okupaciones. Es una nueva cortina de humo con la intención de acabar con el Gobierno de España”, despachó.

¿Quiere esto decir que no hay plan C? No está claro si es simplemente una estrategia comunicativa para ganar tiempo. El caso es que, mientras tanto, ERC, EH Bildu y BNG han registrado enmiendas a la Ley de Dependencia para tratar de vehiculizar por esa vía el escudo social, pero el problema de este procedimiento es que habría que esperar a que terminara la tramitación de la ley para que las medidas entraran en vigor. Con un decreto, basta con su aprobación por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín del Estado para que entre en vigor, y solo caería si en el plazo de un mes el Congreso no lo convalidara. 

Todas las vías

Dentro de Sumar, socios del PSOE en el Consejo de Ministros, han trascendido declaraciones contradictorias de los diferentes partidos que la integran. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sí dijo este sábado que el Gobierno español trabaja “por todas las vías políticas y jurídicas” para recuperar las medidas que han caído. Mientras el PNV exige a Moncloa que trabaje para generar adhesiones, el PSOE coloca el peso en Junts. “Tiene que reflexionar”, dijo Mínguez, con el argumento de que está “regalando el aplauso” a Vox aunque el partido ultra los quiere “ilegalizar”. El martes, en la toma en consideración de la propuesta del PNV para eliminar el recurso previo contra las reformas estatutarias, Vox dijo que el único referéndum válido será el que convoque en todo el Estado para ilegalizar a los jeltzales y a todos los partidos soberanistas.