La AN impone tres años de cárcel a un empresario vinculado a González Amador por estafa de fondos europeos

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a tres años de prisión al empresario David Herrera, presuntamente vinculado con Alberto González Amador --la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso--, por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la Unión Europea (UE) en Somalia para obtener casi 70.000 euros de fondos de manera fraudulenta.

Así lo ha comunicado este lunes la Fiscalía Europea (EPPO) en España, que llevó a cabo la investigación sobre Herrera, detenido el pasado enero en Sevilla y uno de los nombres que el PSOE quiso citar en la comisión de investigación del Congreso sobre contratos en pandemia, después de que hubiese aparecido en prensa como presunto testaferro de González Amador.

70.000 euros de fondos fraudulentos

Fuentes jurídicas informaron a Europa Press que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal era la encargada de juzgar al empresario, sobre el que pesaba una orden de detención por parte de la AN, que había tratado de contactar con él en cuatro ocasiones para enjuiciarle.

Según ha explicado la EPPO, los fondos perjudicados estaban asignados a la Misión de la UE de desarrollo de capacidades en Somalia (EUCAP Somalia), dedicada a ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades del país africano a mejorar sus capacidades en la aplicación de la ley y reforzar la seguridad marítima.

Fue el 27 de diciembre de 2022 cuando el condenado se hizo pasar por un proveedor de servicios de equipos médicos y de laboratorio de la misión de la UE y envió un correo electrónico solicitando que la siguiente transferencia de fondos se realizara a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba, ha detallado.

El acusado consiguió --según la EPPO-- la información que le permitió cometer el fraude de un tercero desconocido, obteniendo fraudulentamente hasta 69.751,40 euros, que fueron transferidos el 9 de enero de 2023 a una cuenta bancaria que controlaba.

Aparte de la pena de prisión, que era la que pedía la Fiscalía Europea, la Sala de lo Penal de la AN también le ha impuesto que pague 3.000 euros de multa y, como responsable civilmente, reembolsar la cantidad de fondos que había obtenido ilegalmente.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE. Y ha destacado que esta sentencia representa la primera condena de la Sala de lo Penal de la AN tras una investigación suya en Madrid, precisando que todavía puede ser objeto de recurso.