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Entrecanales, máximo jefe de Acciona, da plantón a la comisión navarra que investiga la obra de Belate que lidera su empresa

Tras la incomparecencia, la comisión vuelve a pedir la visita del CEO para el próximo 9 de febrero y avisa de que si vuelve a ausentarse, el Parlamento foral tomará las medidas legales oportunas

Entrecanales, máximo jefe de Acciona, da plantón a la comisión navarra que investiga la obra de Belate que lidera su empresaEP

El máximo jefe de Acciona, el directivo José Manuel Entrecanales Domecq, no ha acudido al Parlamento de Navarra para declarar en la comisión que investiga la adjudicación de obra pública en Navarra desde 2011.

El mandamás había sido citado en verano para dar explicaciones en la parte de la comisión que investiga la obra de reforma de los túneles de Belate, adjudicados a una UTE donde Acciona, su empresa, es la firma que lleva la voz cantante.

El viernes, Acciona comunicó al Parlamento que Entrecanales no asistiría, y que en su lugar lo haría Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca.

Mollinedo se ha personado esta mañana en el Parlamento de Navarra, con intención de comparecer, pero la comisión le ha trasladado que quien estaba citado era Entrecanales como persona física, y no Acciona como persona jurídica. Mollinedo ha solicitado entrar en el Parlamento para registrar un escrito en el que Acciona comunica oficialmente que, en fecha y día señalados, la empresa había comparecido tal y como solicitaba el Parlamento.

Sin embargo, la comisión no lo ve así. Tras constatar la incomparecencia de Entrecanales, ha decidido volver a solicitar la comparecencia del CEO de Acciona. Para ello, los miembros de la comisión han habilitado una fecha extraordinaria, el próximo 9 de febrero, y vuelven a pedir a Entrecanales que acuda. Esta vez, eso sí, el Parlamento le informa de que, en caso de que no comparezca, tomarán las medidas legales que consideren oportunas.

La comisión considera que las explicaciones que Acciona dio el viernes (que Entrecanales no podía asistir por encontrarse en el Foro Económico Mundial de Davos) no están suficientemente justificadas.

La comisión ha arrancado a las diez de la mañana y ha constatado la incomparecencia de Entrecanales, por lo que la sesión ha quedado suspendida. Los grupos deliberan en este momento qué pasos dar.

El Código Penal avisa a los comparecientes

En este contexto cobra especial relevancia el marco legal que regula las comparecencias. Tanto la normativa interna de la comisión como el Código Penal dejan claro que acudir no es una mera cortesía institucional. Las citaciones incluyen expresamente el apercibimiento de que, según el artículo 502.1 del Código Penal, la incomparecencia puede constituir un delito de desobediencia —castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses si es grave, y con multa de uno a tres meses si es desobediencia leve—.

El mismo precepto sanciona la incomparecencia tras requerimiento legal ante una comisión de investigación autonómica y, si se trata de autoridades o funcionarios, prevé además la suspensión del cargo de seis meses a dos años. Sin embargo, la aplicación práctica de estas previsiones penales no es automática. El conflicto competencial entre el control parlamentario estatal y el autonómico explica por qué, hasta la fecha, las negativas de funcionarios del Estado a acudir al Parlamento de Navarra no han derivado en actuaciones penales, pese a que la normativa de la comisión recoge expresamente el apercibimiento legal.

Las consecuencias tampoco se limitan a la ausencia. Mentir ante una comisión parlamentaria constituye igualmente un delito. La normativa obliga a la presidenta de la comisión a advertir al compareciente de lo dispuesto en el artículo 502.3 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multa a quien falte a la verdad en su testimonio. Un recordatorio que subraya el carácter cuasi judicial de estas investigaciones y la trascendencia de cada declaración.

Las normas internas garantizan, al mismo tiempo, el respeto a los derechos constitucionales de los comparecientes, como la intimidad, el honor, el secreto profesional o la cláusula de conciencia. Las sesiones son públicas y abiertas a los medios de comunicación, aunque existe la posibilidad de solicitar que se celebren a puerta cerrada si se aportan razones que lo justifiquen. Los citados pueden, además, acudir acompañados de una persona de su confianza.