El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, que sustituye a una norma de 1984 y que deriva del Plan de Acción por la Democracia. El objetivo es garantizar el ejercicio de este derecho a los ciudadanos que se vean afectados por bulos, e incluye por primera vez a las plataformas digitales y a los ‘influencers’.
Según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el derecho a la rectificación se configura “como un instrumento esencial en lo que ha de ser ese derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz”.
Actualización tras más de 40 años
Bolaños ha indicado que en estos más de 40 años de vigencia de la ley el ecosistema mediático, el derecho a la información y el acceso de la ciudadanía a la información han cambiado “sustancialmente”.
“Creo que la frecuencia y también la gravedad de los bulos y de las mentiras que, en ocasiones, sufrimos es cada vez mayor”, ha manifestado el ministro.
Incluye plataformas e ‘influencers’
Entre las principales novedades se encuentra que, con la nueva ley, los ciudadanos podrán solicitar la rectificación de informaciones publicadas tanto en medios de comunicación tradicionales como en medios digitales y plataformas en línea.
En el caso de las redes sociales, la norma se aplica a los usuarios considerados de “especial relevancia” por su número de seguidores, los denominados ‘influencers’. En concreto, estarán sujetos a esta obligación quienes cuenten con 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 de forma acumulada en varias.
Plazos y mecanismos de rectificación
Con esta reforma, los medios digitales y también los ‘influencers’ deberán establecer un mecanismo accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.
En cuanto a los plazos, la ley fija 10 días naturales para solicitar la rectificación si la información se ha publicado en medios tradicionales, y 20 días si ha sido difundida en medios digitales o en cuentas de ‘influencers’.
Indemnizaciones a víctimas de abusos de la Iglesia
El Consejo de Ministros ha acordado este martes llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para que las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia no tributen.
“Hemos dado cumplimiento íntegro a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y también hemos acordado que el Gobierno, en el contexto del acuerdo que firmamos la semana pasada con la Iglesia, va a promover las reformas legislativas necesarias para que estas reparaciones, cuando sean económicas, las víctimas estén exentas de tributación”, ha asegurado Bolaños.
Cumplimiento del informe del Defensor del Pueblo
El ministro ha subrayado que la decisión del Ejecutivo responde directamente a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que instaban a garantizar una reparación integral a las víctimas de abusos sexuales. Bolaños ha explicado que ha elevado al Consejo de Ministros el informe del acuerdo firmado con la Iglesia católica la semana pasada, que establece un marco de reparación para las víctimas de abusos sexuales, y en el que se incluye la posible compensación económica.
