El juez Peinado avanza en la causa contra Begoña Gómez con seis testigos de la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado escuchará este viernes a varios cargos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que la esposa del presidente español, Begoña Gómez, propuso como testigos para defender que firmó pliegos de contratación y registró el dominio de la cátedra que codirigía por órdenes del centro de estudios.

Hace un año que el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, solicitó sin éxito al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que acordara dichas testificales. Finalmente, el pasado octubre la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a Gómez y ordenó a Peinado resolver "sin dilación" sobre la procedencia o no de las mencionadas declaraciones.

Testigos

Así las cosas, el juez citó para este viernes ---a partir de las 9.30 horas-- a María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM; a María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad; a María Jesús Morillo y a Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI); a Zulma Escalante, codirectora del máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG; y a Carmen Mitxelena, actual directora de la Escuela de Gobierno de la UCM.

Sin embargo, la defensa de Gómez ha presentado recientemente un escrito en el que el comunica su "renuncia" a dos de estas testigos: Sánchez Rosales y Mitxelena.

"Dichas diligencias de prueba habían sido interesadas por esta parte hace ya un año y dada la investigación que se ha venido desarrollando en el último año esta parte renuncia a las declaraciones de las dos testigos por no estimarlas necesarias", ha precisado. Fuentes jurídicas han manifestado que de momento no han recibido notificación alguna de que el juez Peinado haya respondido al escrito de la defensa de Gómez.  

UCM

La defensa de Gómez propuso estas testificales poco después de que Peinado admitiera a trámite la querella de Hazte Oír en la que se acusa a la esposa de Pedro Sánchez de haberse apropiado de forma indebida de un 'software' de la Complutense, así como de haber cometido un delito de intrusismo por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía.

En ese momento, el letrado aportó a la causa varios correos electrónicos para defender que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas, "fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente". Al pedir estas testificales, la defensa precisó que Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM, había firmado dos de los correos que aportó a la causa.

En el caso de Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, el abogado señaló que pedía su comparecencia para que ratificase lo que manifestó ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid: que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la UCM.

Citación

Por su parte, defendió la citación de las dos miembros de la OTRI porque "señalaron" a Begoña Gómez "cómo debía registrar" el dominio de Internet. Sobre este extremo, el abogado incidió en que, "como ha puesto de manifiesto la propia UCM", dicho dominio "nunca fue inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual". Y recalcó que el registro del dominio "fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia UCM".

En el marco del debate sobre dicho registro, la defensa vio pertinente pedir la citación de la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, quien "tiene inscrito el dominio del citado máster a su nombre, siendo también en este caso personal ajeno a la universidad". Por último, justificó su petición de llamar a la actual directora de la Escuela de Gobierno de la UCM para que dé constancia de que Begoña Gómez propuso el nombre de 'Transformación Social Competitiva'.

Cabe recordar que en el marco de esta investigación, el juez también investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Peinado, además, ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.