Pradales ofrece un Cupo energético para que Euskadi adelante la inversión eléctrica

A la industria vasca le hace falta contar con enchufes, con una mayor capacidad eléctrica, para depender menos del petróleo y abordar los proyectos de descarbonización y adaptación al cambio climático. Y esta reivindicación apremia, urge tanto como los 75.000 puestos de trabajo que están en juego, según los cálculos del Gobierno vasco. En ese contexto, el lehendakari Pradales ha puesto sobre la mesa una propuesta novedosa con la intención de desbloquear este asunto. En concreto, Pradales propone un “Cupo energético e industrial” con el Estado español, es decir, el Gobierno vasco está dispuesto a adelantar y poner de su bolsillo parte del dinero necesario para modernizar la red eléctrica vasca. Más adelante, ese dinero se descontaría del Cupo que paga Euskadi al Estado por las competencias que ejerce el Gobierno español en suelo vasco. Se trataría de seguir un modelo que ya existe en el caso del tren de alta velocidad, donde las instituciones vascas adelantan parte del dinero de las obras en determinados tramos, a modo de encomienda de gestión, y después pagan un Cupo menor al Estado a modo de devolución o compensación del dinero adelantado. Esta propuesta concreta la pondrá sobre la mesa Pradales en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará este viernes en Barcelona y, por tanto, se la planteará directamente al presidente español, Pedro Sánchez, en un momento en el que trabaja en la planificación de la red para el quinquenio 2025-2030.

El pleno monográfico sobre el modelo socioeconómico que ha celebrado este miércoles el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu ha sido el que ha dado la oportunidad al lehendakari para presentar esta iniciativa. Pradales ha acudido con la carpeta llena a anuncios concretos, y quizás Pello Otxandiano ha pecado de teórico y conceptual, hasta el punto de que PNV y PSE le han agradecido con un punto de ironía que fuera tan insistente con la celebración de este pleno y les haya dado la oportunidad de lucirse de este modo. A pesar de la expectativa generada, Pello Otxandiano se ha limitado a poner sobre la mesa una propuesta de creación de un Banco Vasco de Inversiones, una comercializadora pública de energía, y otra propuesta que ya había anunciado y cuya cifra ya había hecho pública días antes: un fondo de promoción de vivienda para movilizar 3.000 millones de euros en diez años. El socialista Eneko Andueza concluyó que había perdido la oportunidad de concretar su modelo.

De 12.000 megavatios a 18.000

Pradales, por su parte, explicó al detalle su propuesta, que reclama también una actuación de urgencia y una discriminación positiva para los territorios industriales como Euskadi, que cuentan con proyectos concretos definidos. Comenzó recordando que, en veinte años, la demanda de electricidad en suelo vasco ha sido estable, y la capacidad eléctrica de 12.000 megavatios era suficiente. “Sin embargo, desde la introducción en 2014 por ley de la limitación a la inversión en las redes eléctricas, la situación ha cambiado, y empezamos a padecer ya sus consecuencias. Contamos con decenas de proyectos en marcha que demandan una mayor capacidad energética, y también con numerosos proyectos que exigen la garantía de poder acceder a la electricidad que necesitan. En pocas palabras: proyectos de hoy y mañana que dependen de más capacidad eléctrica para ser una realidad. En colaboración con el tejido industrial y los operadores eléctricos en Euskadi, hemos cuantificado una necesidad adicional de 6.000 megavatios. Necesitamos pasar a 18.000 megavatios, un incremento del 50%. Esta situación afecta directamente a 117 empresas vascas, de sectores como la forja y la fundición, el metal, el vidrio o la automoción. Impacta directamente en el empleo de más de 75.000 personas, que podrían ver peligrar su futuro”, alertó.

Por ello, avisó de que no va a quedarse “de brazos cruzados” y va a plantear una propuesta “constructiva”. “En Euskadi, el peso de la industria se encuentra en torno al 24%, cifra muy superior a la media estatal, y por encima del 42,3%, si incluimos los denominados servicios conexos a la industria. Es justo solicitar un reparto que se base en principios equitativos. Y lo que proponemos es, en primer lugar, discriminación positiva a la hora de realizar las inversiones en las redes de distribución y transporte eléctrico en las economías de base industrial como la vasca. Es decir, ampliar las capacidades de la red en aquellos territorios que cuentan con proyectos industriales de descarbonización concretos y con necesidades urgentes definidas”, solicitó.

En segundo lugar, pidió “elevar los límites a la inversión en redes eléctricas que se establecieron en 2014” con un mecanismo excepcional como el decreto de respuesta a la dana en Valencia. En tercer lugar, pidió reducir los tiempos de planificación de las redes eléctricas, que ahora son de cinco años. Por último, anunció su propuesta de Cupo: “Sabemos que aumentar el caudal energético depende de inversiones que le corresponde realizar al Estado. Somos conscientes del esfuerzo económico que eso requiere. Y por eso proponemos concertar un Cupo energético e industrial con el Estado. Estamos dispuestos a asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca. Podemos hacerlo a través de una encomienda de gestión, adelantar los trabajos e inversiones y descontarlos a futuro a través de un mecanismo financiero pactado”.

Salario mínimo, integración laboral de la migración...

El Gobierno vasco acudía al pleno monográfico sobre el modelo socioeconómico tras reconducir la conflictividad en el sector público, en virtud de los acuerdos con la Ertzaintza y el sector educativo para mejorar las condiciones laborales. Pero la negociación en el sector privado sigue varada porque el diálogo social para alcanzar un salario mínimo propio adaptado al nivel de vida vasco está cojo por la negativa de la patronal a abordar el debate. El Gobierno vasco llega hasta donde llega, porque la competencia legislativa es del Estado español. Sin embargo, el lehendakari ha anunciado que el próximo mes de julio pondrá “a disposición de los agentes sociales y económicos un informe sobre el salario mínimo de convenio en Euskadi que servirá para avanzar en esta cuestión”.

“Y, además, seguimos trabajando en el ámbito de la mesa de diálogo social para propiciar un acuerdo en dos materias en las que tampoco vale mirar para otro lado: el aumento que se está produciendo de las incapacidades temporales en Euskadi y la cuestión que afecta a la salud laboral. Todo ello, por supuesto, exige superar posiciones maximalistas, superar la unilateralidad o el recurso de la huelga por la huelga. La confrontación no puede ser nunca un fin en sí mismo. La bronca no logra acuerdos. Sí lo hace el diálogo constructivo y la búsqueda del espacio común, dejando de lado trincheras y líneas rojas. No debemos olvidar que el consenso no es aceptar lo que una de las partes exige, no es un conmigo o contra mí; exige diálogo y negociación”, dijo, en lo que pareció una alusión a ELA. El lehendakari ofrece así hablar sobre el absentismo, uno de los temas que quiere tratar la patronal, pero también quiere abordar la siniestralidad, una demanda sindical, más incluso tras la trágica semana pasada, en la que murieron tres trabajadores. Dirige el área el socialista Mikel Torres, como vicelehendakari segundo.

Por otro lado, Pradales anunció un plan integral para fomentar el trabajo de los migrantes (la competencia para autorizar los permisos de trabajo entra en vigor el 1 de julio), y un fondo social de vivienda para involucrar al “Instituto Vasco de Finanzas, el Banco Europeo de Inversiones o el ICO y otro tipo de entidades privadas”. El plan industrial del Gobierno, además, llegará en cuestión de días, la semana que viene.