Los exaltos cargos del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, han acudido este lunes para declarar como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia. Sin embargo, la sesión ha sido suspendida debido a que algunas partes de la causa no han recibido toda la documentación.
Los tres habían sido citados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, los dos primeros al ser considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño como encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional.
Residencias
Con motivo de la citación judicial, en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla se han manifestado familiares de las víctimas, convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), que reclaman justicia y reparación. El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial se sitúa en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
