Suspendida la declaración de los tres excargos de Ayuso, imputados por las muertes en las residencias durante la pandemia
Carlos Mur, quien puso la firma a los 'protocolos de la vergüenza', Francisco Javier Martínez Peromingo, quien le sucedió en el cargo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso, estaban citados este lunes
Los exaltos cargos del Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, han acudido este lunes para declarar como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia. Sin embargo, la sesión ha sido suspendida debido a que algunas partes de la causa no han recibido toda la documentación.
Relacionadas
Los tres habían sido citados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, los dos primeros al ser considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño como encargado de elaborar el 'plan de choque' anunciado por el Gobierno regional.
Otro exasesor del Gobierno de Ayuso declarará como imputado por los muertos en residencias
Residencias
Con motivo de la citación judicial, en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla se han manifestado familiares de las víctimas, convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), que reclaman justicia y reparación. El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
La OMS logra acuerdo "histórico" para proteger al mundo de futuras pandemias
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial se sitúa en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Temas
Más en Política
-
Leire Díez asegura en un chat con cargos del PSOE que dará toda la información a Ferraz: "La verdad es una y saldrá"
-
El PP hunde la relación con el PNV en Euskadi y Madrid
-
Pradales asistirá a la Conferencia de Presidentes y presentará una propuesta en materia de transición energética
-
Los periodistas del caso de González Amador aseguran en el Supremo que no se enteraron del 'email' por la Fiscalía General