La acusación popular en el procedimiento abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, pide tres años de prisión para éste por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.
En su escrito de solicitud de apertura de juicio oral tanto para David Sánchez como para otras diez personas más, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular también solicita que el hermano del presidente del Gobierno devuelva los salarios obtenidos de su cargo entre junio de 2017 y febrero de 2025.
El escrito de la acusación popular, al que EFE ha tenido acceso, ha sido elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa, quien el pasado 28 de abril dictó auto de procesamiento contra estas once personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
