Es un espacio absolutamente bunkerizado: con muros, alambres y cámaras de vigilancia. Un agujero negro escondido a los ojos de los propios donostiarras, lo que propició que fuera convertido en un espacio de impunidad en cuyo sótano un grupo agentes de la Guardia Civil, bajo el mando del comandante Enrique Rodríguez Galindo; y con el beneplácito del entonces gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, mantuvieron secuestrados y torturaron a los jóvenes Josean Lasa y Joxi Zabala hace más de 41 años. Fue el primer atentado de los llamados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Era octubre de 1983 y hacía sólo cuatro meses que el Palacio de La Cumbre y su finca de 17.800 metros cuadrados habían sido cedidos al Ministerio del Interior (previamente había sido sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura Franquista), lo que propició que un edificio situado en la zona de Aiete más cercana al centro de Donostia, se conviertiera en una casa de los horrores para Lasa y Zabala, a los que luego trasladaron a la localidad alicantina de Busot, donde los ejecutaron disparándoles en la cabeza ante la fosa en la que iban a enterrarlos en cal viva.

Resignificar este maldito palacio y convertirlo en un lugar de memoria es uno de los mandatos que establece la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, que determinó la cesión de este edificio al Ayuntamiento de Donostia con el fin de que cumpla una “función conmemorativa y didáctica con la finalidad de recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”.

Aranzadi, Argituz, Egiari Zor, Mikel Zabalza Herri Ekimena y Berridatzi piden que sea un centro de memoria de las víctimas de la guerra sucia del Estado

La cuestión es: ¿Qué y cómo hacerlo? Las tres instituciones vascas encargadas de diseñar el proyecto definitivo: Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia estudian una propuesta realizada por varias asociaciones memorialistas; una “aportación” que viene avalada y consensuada con las familias de Lasa y Zabala y que será detallada por sus impulsores próximamente en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Las portavoces de EH Bildu (Maddalen Iriarte), EAJ-PNV (María Eugenia Arrizabalaga) y Elkarrekin Gipuzkoa (Miren Echeveste) en el parlamento guipuzcoano llevan precisamente este lunes al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Cultura Democrática una propuesta conjunta para que organice una comparecencia de las asociaciones memorialistas Aranzadi, Argituz, Egiari Zor, Mikel Zabalza Herri Ekimena y Berridatzi para que expliquen en la cámara guipuzcoana los detalles de este proyecto de resignificación del Palacio de La Cumbre. Su objetivo es convertirlo en un Espacio de Memoria de las víctimas de la guerra sucia que ejerció el Estado a través de diferentes colectivos y organizaciones como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), el Batallón Vasco Español, la Triple A, etcétera.

Espacio abierto a la ciudadanía

En su propuesta inicial, que ya fue trasladada a las instituciones vascas en 2023 y se hizo pública en octubre de 2024, piden que el Palacio de la Cumbre derribe sus muros y se convierta en un lugar abierto a la ciudadanía; un Espacio de la Memoria, relativo a las “graves violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y grupos parapoliciales en Euskadi” durante la dictadura Franquista (1960-1975), la Transición (1975-1983) y años posteriores. Violencia de Estado centrada en Euskadi, pero “con referencias al resto de Euskal herria, así como a otras geografías, como los Estados español y francés”.

Un espacio “inclusivo”, al mismo tiempo, y que aborde el “fenómeno de la violencia en todas sus formas (guerras, revoluciones, dictaduras militares, matanzas en masa, genocidios…), desde la constatación de que han existido diferentes vulneraciones de derechos humanos producidas por diferentes agentes”, por lo que deberá “fomentar el respeto a todas las víctimas” y ser un “centro integrador”.

Un lugar también “de investigación, de reconocimiento y reparación de las víctimas, pero sobre todo de divulgación mediante técnicas museográficas e iniciativas diversas que también sirva para la ayuda terapéutica y atención médico-psicológica y social a las personas afectadas”.

Quieren que este “centro de referencia trascienda del propio espacio físico” y organice actividades en otros puntos como casas de cultura o universidades, y creen que también “podría albergar un seminario internacional bianual relativo a las iniciativas y labores de reconocimiento de las víctimas del Estado”.

Según detalla el documento presentado por estos colectivos memorialistas junto con las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, “la misión principal de este itinerario será crear un espacio de memoria, reconocimiento, emoción, convivencia, educación y también de reflexión”, con el objetivo de “crear conciencia” y “dar a conocer la verdad de todas las vulneraciones de derechos humanos acontecidas durante el periodo objetivo de este proyecto”; así como de las barbaries y la represión de otros regímenes autoritarios” y “difundir la importancia de los Derechos Humanos” y “la no discriminación” de ningún tipo.

Visitas y rutas guiadas

Además de exposiciones audiovisuales, infografías interactivas, la instalación de esculturas en los jardines y el edificio, proponen la organización de visitas y rutas guiadas en el propio espacio y también a través de la ciudad, el territorio, recorriendo el mapa de lugares de memoria definidos en la propia ley de 2022. Así como charlas, talleres didácticos y debates. Actividades dirigidas a alumnos de centros educativos por un lado y a la ciudadanía en general también.

Palacio La Cumbre Javier Colmenero

Para ello, aseguran, es necesario transformar la imagen de este palacio “con una intervención arquitectónica y paisajística en sus jardines que permita “derribar” aunque sea parcialmente eso "muros físicos y metafóricos" que dieron cobijo y taparon tanto horror; facilitando el libre acceso a la zona ajardinada que rodea el palacio tanto a visitantes del centro como a paseantes.

También se propone crear oficinas, un espacio social y un salón polivalente para que se puedan realizar recepciones a víctimas, reuniones y conferencias, así como crear un espacio de investigación y recepción de documentación histórica relacionada con la materia.

Po último, estos colectivos plantean que el patronato del centro de Memoria de La Cumbre se abra a otras entidades, conservando el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia un 50%; y cediendo un 10% a asociaciones y fundaciones de víctimas del Franquismo; otro 30% a víctimas de la guerra sucia del Estado como las propias proponentes: Berridatzi Fundazioa, Egiari Zor fundazioa y Familias Lasa-Zabala. Y otro 10% a figuras de reconocido prestigio entre los que citan al forense Paco Etxeberria, por ejemplo.