Resulta imposible imaginar las penosas condiciones que tuvieron que padecer los casi 4.000 presos registrados en la Prisión Central de Orduña, que antes fue campo de concentración, durante la Guerra Civil y en los años inmediatamente posteriores. Llegaron a ser esclavizados y muchos murieron de hambre, frío o por enfermedades. Según la documentación de la época, testigos dijeron que de la cárcel salían cajas todos los días y un inspector falangista que se trasladó allí llegó a afirmar que los prisioneros eran “muertos vivientes”.

La mitad de esos en torno a 4.000 reclusos procedían de Extremadura. Un total de 225 fallecieron entre 1937 y 1941 en el penal, de los que 127 eran extremeños (125 de Badajoz y 2 de Cáceres). Hasta la fecha solo se ha podido identificar a siete de ellos y entregarlos a sus familias, por lo que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, impulsará campañas con las diputaciones de Extremadura y el respaldo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para localizar a familiares de los 120 republicanos extremeños fallecidos en la cárcel de Orduña que quedan por identificar, y sacar a la luz su identidad mediante el ADN.

La mayoría fueron trasladados desde el campo de concentración de la localidad de Castuera (Badajoz) hasta el penal vizcaino, situado a más de 700 kilómetros, en trenes en los que viajaban “como ganado”, y estuvieron cautivos en unas condiciones infrahumanas, afirmó el director de Gogora, Alberto Alonso.

La mayoría eran campesinos que en tiempos de la República “habían reivindicado el reparto de tierras”. En el centro de concentración de Orduña, convertido después en prisión, sufrieron lo indecible, entre otras cosas porque “la alimentación que llegaba para los presos se revendía en el mercado negro para que los administradores de la cárcel se lucraran”, señaló Alonso.

En declaraciones a Europa Press, añadió que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, “nos está amparando y generando el contexto para poder hacerlo”. Además, también cuentan con la colaboración del alcalde de Castuera, Francisco Martos, que se ha implicado especialmente en el proyecto.

Gogora pretende asimismo que Orduña sea reconocida como Lugar de Memoria Democrática, señalizar con placas las obras que realizaron en el municipio los reclusos que fueron sometidos a trabajos forzados y realizar un “potente” acto de reconocimiento de las víctimas extremeñas en Castuera, desde cuya cárcel fueron trasladadas a Bizkaia.

Sociedad Aranzadi

A la hora de identificar los cadáveres de fallecidos en fosas, resulta crucial el modo en que fueron enterrados, y en el caso de Orduña las circunstancias parecen favorables de cara a devolverlos con sus familiares. Y es que Gogora cuenta con un listado con los nombres, apellidos, lugar de procedencia de las víctimas y el día de su muerte. Además, fueron enterrados de forma ordenada en fila, no al montón en una fosa común.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de los trabajos de exhumación y antropología forense, y el laboratorio genético de la UPV/EHU Biomics son los responsables de la identificación genética a través del cotejo de las muestras de ADN. Por ello, su objetivo es contactar con el mayor número de familiares posible de estos presos para que puedan donar ADN de cara a realizar la identificación genética.

El director de Gogora admitió la dificultad de la tarea, ya que supondrá coordinarse con instituciones y asociaciones memorialísticas extremeñas para localizar al máximo posible de descendientes. Estos trabajos supondrán un reto sobre todo por el tiempo transcurrido, la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar que aporte a su vez su código genético; de todo ello dependerá que se realice la identificación genética.

“Es complejo porque hablamos ya de nietos, sobrinos, etc., pero si se juntan, se puede completar el ADN y tener la certeza de quiénes son. Ahora podemos sospechar quién es quién porque tenemos las fechas de sus fallecimientos y se les enterraba por orden, pero queremos tener la garantía para entregar sus restos a las familias”, apostilló Alonso.

Gogora se centrará ahora en realizar campañas en Extremadura porque es de donde procedían más de la mitad de los fallecidos en esta cárcel, pero a continuación pretende hacerlo extensible otras comunidades como la castellano-manchega. Esta actuación se enmarca en el Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil del instituto vasco de la memoria