El Congreso de los Diputados se prepara para vivir otra semana decisiva. El próximo jueves, 26 de septiembre, se debatirá y votará nuevamente la senda de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto, un paso crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, encara este desafío sin garantías de éxito, mientras sufre la presión de sus socios de investidura y una oposición que no cede terreno.
Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, ya puso en aprietos al Ejecutivo al rechazar la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027. La formación catalana amenaza ahora con repetir la jugada, lo que supondría un nuevo golpe a las aspiraciones del Gobierno central. Por su parte, el portavoz económico del Partido Popular, Juan Bravo, ya avanzó que su formación votará en contra de la senda porque es la misma de julio. Esta votación será decisiva, ya que determinará si la hoja de ruta económica puede avanzar o si, una vez más, queda en el aire.
El contexto es especialmente delicado. Este posible revés se sumaría el reciente varapalo que sufrió la coalición la semana pasada, cuando Junts se alió con PP y Vox para tumbar la propuesta de Sumar sobre los alquileres de temporada. Sin embargo, Junts podría imponer esta semana condiciones más duras a cambio de su voto, tensando aún más las negociaciones entre las formaciones de izquierda y los independentistas.
Este será el cuarto intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo que va de año para aprobar unos objetivos de estabilidad presupuestaria. En los dos primeros intentos, los relativos a los presupuestos de 2024, el Congreso no opuso resistencia, pero la mayoría absoluta del PP en el Senado los bloqueó, lo que obligó al Gobierno a buscar una alternativa en la Abogacía del Estado para seguir adelante con la tramitación presupuestaria. La misma situación podría repetirse esta semana, si el Congreso vuelve a rechazar la propuesta gubernamental.
El ‘plan B’ del Gobierno
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha advertido que, si las Cortes no aprueban la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá que presentar los Presupuestos Generales para 2025 con los objetivos de estabilidad vigentes, incluidos en el programa de estabilidad remitido a la Comisión Europea en abril de 2023, aunque estos sean menos favorables para las autonomías y los ayuntamientos. El llamado “plan B” incluiría un recorte de 11.500 millones de euros en la capacidad de gasto de las administraciones territoriales.
Con los plazos apretándose, el Gobierno tiene hasta finales de septiembre para presentar los presupuestos de 2025 en el Congreso. De no hacerlo, o si las cuentas son rechazadas, se tendrían que prorrogar los presupuestos actuales, una medida que complicaría la gestión de varias partidas clave.
La Unión Europea también sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Bruselas ha mostrado interés en que el Gobierno español mantenga los compromisos fiscales, especialmente tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas. El Ejecutivo tiene hasta el 15 de octubre para presentar un plan fiscal estructural que contemple cómo se abordarán los desequilibrios económicos en los próximos años, un documento que deberá reflejarse en los presupuestos de 2025.
El mismo jueves, antes del debate sobre la senda de estabilidad, Montero comparecerá en el Congreso para informar sobre la financiación singular acordada entre el PSC y ERC durante la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Este pacto ha reavivado el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que se ha convertido en otro campo de batalla entre el Gobierno central y el PP.
Los presupuestos del 2025 y la financiación autonómica serán los platos fuertes de la semana parlamentaria en el Congreso, por donde no pasará -al encontrarse fuera de España- el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Sin su cara a cara habitual con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la sesión de control del miércoles en el Congreso girará en torno a las preguntas a la vicepresidenta Montero, quien deberá lidiar con los ataques de la oposición, centrados en la gestión económica del Ejecutivo.
El PP ha adelantado que preguntará a Montero si “gobernar es resistir” y si se puede aguantar en el Gobierno sin presupuestos ni nuevas leyes, en lo que se ha convertido en una crítica constante hacia el Gobierno de coalición. En esa línea irá la pregunta de Podemos, poniendo en duda la capacidad del Ejecutivo para gobernar sin mayoría parlamentaria estable.
La del próximo jueves será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad en lo que va de año. El Gobierno de Sánchez llegó a presentar dos veces los relativos a los Presupuestos de 2024, pero esas cuentas no llegaron a tramitarse y siguen aún vigentes las cuentas de 2023, que se prorrogaron automáticamente el pasado 1 de enero. En esas dos ocasiones, la Cámara Baja no supuso un escollo y los objetivos superaron el trámite. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la senda ambas veces.
