El PP rechazó ayer el chantaje de Vox de que romperá los gobiernos autonómicos si desde Génova 13 se apoya la acogida de menores no acompañados y defendió que “las amenazas con Alberto Núñez Feijóo no funcionan”. Así se pronunció el portavoz de los populares, Borja Sémper, quien aseguró que “no nos impresionan los órdagos de Vox” ni se sienten “presionados por las amenazas del Gobierno” para que las autonomías del PP den acogida a los menores que migran solos. “Nuestra posición es la de la sensatez. Los órdagos y las amenazas con nosotros no funcionan, esto lo tiene que saber todo el mundo, también ese partido del que usted me habla”, explicitó en alusión a la ultraderecha, en puertas de que hoy se celebre en Tenerife la reunión de la Conferencia Sectorial. El PP no se plantea romper de forma unilateral nada porque quiere “estabilidad” pero esboza una serie de condiciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez, como un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores”.

“Queremos que participen todas las comunidades sin excepción en una hipotética acogida de menores no acompañados”, aseveró Sémper, en un contexto en que, más allá de Canarias y Ceuta hay autonomías del PP, como la Comunitat Valenciana, que denuncian saturación y avisan de que no caben más menores en sus instalaciones. El PP no adelanta su voto a la modificación de la ley de extranjería propuesta por el Ejecutivo y Canarias para imponer un reparto obligatorio de los migrantes no acompañados, al verlo relacionado con el acuerdo que se logre, aunque sí acusa al Gobierno de tratar a los menores como si fueran “paquetería exprés”.

Desde Moncloa se pide al PP “responsabilidad, altura de miras y una posición común” porque ven diferentes discursos: “el que realizan en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y otro muy distinto en el resto de las comunidades autónomas”, según explicó la ministra portavoz Pilar Alegría. El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades acojan a niños migrantes no acompañados de forma “solidaria y vinculante” con los territorios de llegada. Canarias tiene actualmente cerca de 6.000 menores y la propuesta del Ejecutivo es que el tope contemplado esté entre 2.000 y 3.000. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recalcó que no tiene “en la cabeza” que el PP vote en contra de una modificación legislativa. “Tenemos claro que Vox no la va a votar, ya que ni ha pactado en Canarias el texto que han acordado todas las fuerzas. Su tesis es clara, con respecto a los menores no acompañados, es devolverlos”, lamentó.

El PP acusó al Gobierno de carecer de política migratoria, no actuar en origen, no pedir ayuda a la UE para emplear Frontex de cara a frenar la migración o no seguir el ejemplo de países como Grecia e Italia.