La Fiscalía del País Vasco no ve indicios de delito en el 'caso Davalor' y archiva la denuncia presentada por Del Burgo

Del Burgo presentó la denuncia el pasado octubre ante la Fiscalía navarra por un presunto delito de tráfico de influencias. Una causa derivada de la que estaba abierta contra Ayerdi en Navarra, y que se basaba en una supuesta relación entre Davalor Salud y varias empresas participadas por el Gobierno Vasco. Según la tesis de Del Burgo, la financiación aportada por el Gobierno de Navarra venían motivadas por una petición expresa de la consejera del Gobierno vasco. La denuncia trataba de implicar también al PNV.

La Fiscalía sin embargo no ha visto actuación irregular en los hechos denunciados por Del Burgo, que no dejan de ser meras conjeturas recogidas en el escrito de denuncia. En algunos casos además con errores en cuanto a los tiempos en los que se producen los hechos descritos y las actuaciones llevadas a cabo por las distintas administraciones.

El Gobierno vasco defiende a Tapia

Tras conocerse el archivo de la denuncia el Gobierno Vasco ha querido salir en defensa de Tapia. El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha destacado que la consejera ha sido investigada "por una cuestión que no tiene que ver con la Comunidad Autónoma Vasca, que responde a una situación producida en otra comunidad autónoma y además sobre cuestiones que, en este caso, no eran competencia de la consejera Arantxa Tapia".

"Ella ha tenido oportunidad de dar su testimonio, de responder a las preguntas que ha planteado la Fiscalía, y eso ha servido para despejar cualquier duda que cualquiera pudiera tener sobre el comportamiento de Arantxa Tapia", ha subrayado Zupiria.

Asimismo, ha afirmado que "es una situación que no es del gusto de nadie" y ha señalado que además la consejera "se ha enterado por los medios de cuál era el procedimiento que se estaba desarrollando, tanto de que iba a ser investigada, como de que finalmente ha quedado archivado el caso".

"Probablemente quien inició esta cuestión, tanto en Navarra como ahora en la Comunidad Autónoma Vasca, el señor Jaime Ignacio del Burgo, no tenía otro objetivo que manchar el buen nombre de la consejera de Arantxa Tapia", ha criticado.

Archivo definitivo

Se cierra así la segunda derivada judicial abierta en torno al caso Davalor. La primera está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por las acusaciones particulares, representadas por UPN y por el PP, contra el archivo provisional acordado por la juez instructora.

El pasado 12 de diciembre la actual titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, María Luisa Corbacho, decretó el fin de la investigación del denominado ‘caso Davalor’ y, por lo tanto, archivar la causa por la que dimitió el exconsejero de Desarrollo Sostenible, Manu Ayerdi. 

En la resolución, que ha sido recurrida, la magistrada considera que transcurrió un plazo superior al de 12 meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta que el entonces juez instructor solicitara la prórroga de la investigación judicial.

En total, entre 2015 y 2018 el Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Sodena, aportó a Davalor Salud 2,6 millones en seis préstamos diferentes. El primero de ellos concedido de forma “atípica” según la Cámara de Comptos y sin el aval de los técnicos de Sodena. Pero con el apoyo del consejo de administración, formado por el equipo de confianza de Ayerdi, al poco de llegar al Gobierno. “Una decisión personal pero con carácter profesional”, argumentó después el consejero.

En 2019, UPN, ya con María Chivite al frente del Gobierno y Ayerdi de consejero, puso sobre la mesa los delitos de “prevaricación” y “malversación” con una querella en el Supremo. Ayerdi dimitió tras abrir el Alto Tribunal una investigación que finalmente no ha tenido recorrido. Casi cuatro años después, tanto la denuncia de UPN como la de Jaime Ignacio Del Burgo han quedado en nada.