“No firmamos una amnistía selectiva y en diferido”. Con esta sentencia Junts adelantó su rechazo a aprobar la ley de amnistía después de que los socialistas hayan tumbado sus enmiendas y obligando a devolver la iniciativa legislativa a la Comisión de Justicia que, en el plazo de un mes, debería aprobar un nuevo texto para someterse a un segundo intento de validación. El partido de Carles Puigdemont se ha plantado ante la negativa del PSOE de presentarla con un carácter integral de forma que quedaran cubiertos los delitos de terrorismo o traición para todos los implicados en el procés, sin quedar al albur de “jueces prevaricadores que sincronizan la agendas judiciales con las políticas”.
Tras anunciar su disposición a correr “con todos los riesgos”, Junts razona su negativa en el hecho de no dejar “a todo el independentismo expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial española”. Como ha precisado su portavoz, Míriam Nogueras, la ley es un buen punto de partida pero tiene “agujeros” por los que la Justicia puede dejar la medida “en papel mojado”. La dirigente de JxCat ha citado en concreto al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga la llamada trama rusa, afirmando que su formación asume “toda la responsabilidad” ante lo que diga la Justicia europea. “Allí no hay Marchenas, no somos terroristas, no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido”, ha proclamado mientras lamentaba que “nos está pasando la represión por delante de las narices”.
“¿Y no haremos nada? La cúpula judicial está diciendo que se nos echará el cuello ¿Y no hacen nada? El juez Aguirre se pasea por las televisiones europeas prevaricando ¿Y no se hace nada? El juez García Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley ¿Y no haremos nada?”, ha cuestionado reiteradamente Nogueras, pidiendo al Gobierno no dejarse “arrastrar por los titulares”. Con todo, la posconvergente ha destacado que en este proceso todos han demostrado voluntad de negociar y que Junts seguirá en esa línea hasta que haya consenso. Eso sí, avisa de que “si no se avanza en la resolución del conflicto político” será que no se está cumpliendo lo pactado con el PSOE y que su palabra “no vale”. “No deberían ustedes permitir que se siga dando vía libre a la derecha española para continuar prevaricando y destruyendo”, ha añadido.
Esquerra, sin embargo, entendía que la norma ya es “robusta” y veía mejor no arriesgarse a una nueva e incierta negociación y aprobarla tal como está, sin “caer en la trampa” de magistrados que comparten “intereses espurios” con la derecha. “La ley tiene fuerza suficiente para no ir cambiándola en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y la quieren hacer naufragar. ¿Es necesario que les demos cancha cuando podemos garantizar a nuestra gente que serán amnistiados? ¿Podemos perder esta oportunidad?”, ha interpelado a Junts su portavoz Pilar Valluguera. “Esta amnistía no va ni de Carles Puigdemont de ni de Marta Rovira, va de las 1.500 personas que desde hace siete años tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo”, ha descrito la dirigente republicana.
El PSOE ha reclamado “madurez” a Junts al considerar que no se puede cambiar el texto de la ley a cada nueva noticia que aparece, en referencia a las últimas decisiones judiciales que, eso sí, les causan estupor. “Estamos ante una ley sólida para una generación, no para responder a los titulares del día. Sin seguridad jurídica, este avance histórico no sería posible”, señalan los socialistas, cuyo diputado, Francisco Aranda, ha centrado su discurso en cargar contra el PP. “Es una ley sólida, impecable y constitucional. ¿Saben qué amnistía no lo era? La que ustedes hicieron en 2012 para 34.000 millones de euros. Esta ley es buena para Catalunya y para España, aunque ustedes se empeñen en lo contrario. Estamos arreglando lo que ustedes estropearon”, ha manifestado, afeando que el partido de Alberto Núñez Feijóo “solo tiene una manera de actuar: que caiga España, que nosotros la levantaremos. Señores del PP, ustedes hace tiempo que olvidaron a Catalunya, pero también a las tierras de España”. “Les importa tan poco esta ley que han retirado todas las enmiendas para poder cerrar el debate con su intervención. El Estado de derecho es fuerte y robusto. España sigue sin romperse, ni se rompe ni se va a desgajar. Llevan con la cantinela 30 años y no ocurre. Con ustedes hubo dos referendos, una ley de independencia y una ley de desconexión”, ha recordado el socialista a los populares.
Irónico Feijóo
En este escenario, el líder del PP ha personalizado su oposición a la ley en Sánchez aludiendo a “los virajes del PSOE cómicos y cósmicos”. “Esta ley es infame desde el minuto uno, pero enmienda a enmienda es ya una matrioska rusa”, ha sentenciado tirando de ironías, como cuando ha afirmado, dirigiéndose a Nogueras, que “el señor Puigdemont se marchó en el maletero de un coche y volverá en el Falcon del señor Sánchez. Pero tenga cuidado, no sería la primera vez que el Gobierno de Sánchez se sienta con los independentistas y les pincha el teléfono”. “Cada votación es un calvario”, ha calificado Feijóo la situación de un Ejecutivo que “ha decidido ser rehén pero el rescate no vamos a pagarlo todos los españoles”. Y ha añadido: “En el Partido Socialista no hay dos almas, y a veces dudo que haya alguna. Cuando el señor Sánchez decía que se había producido una rebelión, cuando decía que a los catalanes constitucionalista no se les puede dejar solos, ¿en qué punto de la fachosfera se encontraba?”. A su vez, se ha comprometido a llevar la ley ante la Justicia y ante Europa, con un mensaje al PSOE: “Van al abismo”.
Apoyo de PNV y Bildu
En esta tesitura, el rechazo de la proposición de ley devuelve la iniciativa legislativa a la Comisión de Justicia que, en el plazo de un mes, debería aprobar un nuevo texto para someterse a un segundo intento de aprobación en el hemiciclo. Y eso pese a que tanto PNV como EH Bildu han expresado su apoyo a la proposición de ley al creerla positiva para la sociedad catalana porque contribuye a que el conflicto salga del marco judicial para regresar al ámbito político del que “nunca debió salir”. En nombre de los jeltzales, Mikel Legarda ha defendido la “oportunidad y conveniencia” de la amnistía, reprochando la “retórica exaltada” del PP con esta cuestión y garantizando la constitucionalidad de la norma. Además, ha rechazado el “cierto activismo judicial” que, a su juicio, se ha hecho en los últimos meses utilizando un “concepto jurídico distorsionado del terrorismo”. En un mensaje dirigido al partido de Alberto Núñez Feijóo, ha recordado al PP que “la frustración de sus expectativas para alcanzar el Gobierno del Estado deriva de su incapacidad de alcanzar mayorías”, y ha profundizado en que “si la amnistía no está permitida en la Constitución española, ¿por qué lo está el derecho de gracia? La amnistía es una de las manifestaciones del derecho de gracia al que se refiere la Constitución y cabe en ella”.
Por parte de la coalición soberanista, Jon Iñarritu ha tachado de “estupidez” que se vincule el procés con el terrorismo e instando a Junts a no arriesgarse a un nuevo debate en la Comisión de Justicia. “Tenemos una oportunidad histórica y la queremos aprovechar, no queremos dar tiempo ni una oportunidad a los enemigos de esta ley. No queremos darles ninguna victoria política, no se puede dar una oportunidad a los que están tratando de sabotear esta legislatura”, ha valorado.
Desde la ultraderecha, el líder de Vox, Santiago Abascal, además de cargar contra el Ejecutivo de Sánchez, ha aprovechado para trasladar una serie de recados al PP, como hizo tras la última concentración organizada por los populares. “Señor Feijóo, usted los domingos dice una cosa y los lunes se le olvida. Nosotros le pedimos que rectifiquen con tres: no renovando el Poder Judicial, no hurten a los españoles la posibilidad de decidir sobre el artículo cambiado y utilice su mayoría en el Senado para impedir la tramitación de una ley anticonstitucional”.
