El Tribunal Supremo ha rechazado facilitar al juzgado los autos que avalaron al CNI para usar el 'software' Pegasus en el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aduciendo que el Gobierno sigue sin desclasificar esa información, considerada reservada o secreta.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, responsable del control del CNI, ha denegado así la información que le solicitaba el juez de Barcelona que investiga la querella que presentó Aragonès por el ataque que sufrió su móvil con el software Pegasus, en enero de 2020, cuando era vicepresidente del Govern.

En concreto, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que mantiene imputada a la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje al presidente catalán, requería al Supremo para que certificara si avaló el uso de Pegasus en el móvil del presidente catalán y, en caso positivo, remitiera los autos judiciales que lo fundamentaron.

Dichas autorizaciones judiciales fueron mostradas el pasado mes de mayo por la propia Esteban -destituida unos días después- en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, pero siguen constituyendo información reservada o secreta, en lo que se escuda el magistrado del Supremo para no entregar sus autos.

Una cuestión que no es baladí: el propio Aragonès advertía en su querella de que se planteaba acusar de prevaricación al juez del Supremo responsable del control del CNI si se comprobaba que había autorizado el ataque a su móvil con Pegasus, al entender que en ningún caso sería legal espiar a ciudadanos por "razones políticas".

Por el momento, el Gobierno tampoco ha dado respuesta al suplicatorio que el juez instructor elevó el pasado mes al Consejo de Ministros para solicitar la desclasificación de la información reservada sobre el uso del software Pegasus por parte del CNI sobre Aragonès, antes de tomar declaración como investigada a la propia Esteban.

La exdirectora del CNI recurre la desclasificación

El Gobierno abrió ayer la puerta a la desclasificación de los documentos reservados -cuando se considere oportuno y los solicite la autoridad competente-, pero el juez sigue sin recibir esa información clave para investigar el espionaje a Aragonès, a quien mañana interrogará en la condición de querellante.

De hecho, han añadido a EFE fuentes jurídicas, la exdirectora del CNI imputada, representada por la Abogacía del Estado en la causa, ha presentado un recurso contra la petición de desclasificación de la información reservada sobre Pegasus, lo que ha motivado que se haya aplazado su declaración, inicialmente prevista para mañana.

Será el propio juez instructor quien deba resolver ese recurso y, si lo desestima, la cuestión acabará en manos de la Audiencia de Barcelona, lo que permite a la defensa ganar tiempo en la desclasificación de los documentos, aunque fuentes jurídicas apuntan a que la apelación no tiene efectos suspensivos.

También la Fiscalía se ha adherido a algunos de los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y, en concreto, se ha opuesto a varias diligencias en las que el juez requería información sobre la compra y uso del programa Pegasus por parte del CNI, al considerarlas "prospectivas".

Aragonès quier saber quién autorizó el espionaje

En su querella, Aragonès detalla que su móvil sufrió tres ataques informáticos en enero de 2020, en un contexto temporal relacionado con "múltiples acontecimientos personales, profesionales y políticos", como las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez o la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

Ante su comparecencia de mañana ante el juez, el presidente de la Generalitat, que tendrá la obligación de contestar a todas las preguntas que se le formulen, espera la "máxima colaboración" de todas las partes para poder "llegar hasta el final" y averiguar quién autorizó el espionaje.

Con su querella, el presidente catalán pretende también aclarar cuál era el motivo por el que su móvil fue atacado y en qué se ha utilizado la información extraída de sus dispositivos, según fuentes del Palau de la Generalitat.