La presidencia española del Consejo de la Unión Europea considera que otorgar el estatus de lengua oficial europea al catalán, al euskera y al gallego va a servir para “acercar la Unión a los ciudadanos”, según defendió ayer el secretario de Estado en funciones para la UE, Pascual Navarro.

Durante un debate en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) sobre las prioridades de la presidencia española del Consejo, Navarro defendió la inclusión de las lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE con el fin de combatir “el desapego de una parte de la ciudadanía” al proyecto europeo.

“Estamos convencidos de que no hay mejor política de comunicación ni forma más directa de acercar la Unión a los ciudadanos que permitir que utilicen en sus relaciones con la UE la lengua en la que se expresan en su hogar, en su trabajo y en el trato habitual con sus autoridades”, expuso el portavoz.

La propuesta española de oficializar el uso del catalán, gallego y euskera en la UE volverá a tratarse en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas el próximo 24 de octubre, según avanzó el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

El Comité de las Regiones es una institución de la UE en la que llevan años usándose las lenguas cooficiales españolas, y por ello el secretario de Estado para la UE definió a este ente, que representa a los intereses de los cargos locales y regionales de los Veintisiete países miembros, como “un perfecto ejemplo” de multilingüismo.

Singularidades

En el mismo marco, el Comité Europeo de las Regiones, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, afirmó que “no hay peor desigualdad que tratar igual a aquellos que son diferentes”, por lo que defendió la necesidad de atender las particularidades de cada territorio.

En un discurso pronunciado en directo por videoconferencia, Armengol intervino en el pleno del CdR, del que ella fue miembro mientras era presidenta de Baleares, para reivindicar las singularidades culturales, económicas y geográficas de los territorios.

Por esta razón, instó a “tratar diferente al diferente” desde las instituciones, a fin de “garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, vivan donde vivan” y, en particular, incidió en los obstáculos que conlleva la insularidad para Baleares, región que presidió.

Defendió de este modo la normalización de todas las lenguas en las instituciones y la reforma del reglamento del Congreso para permitir el uso del euskera, catalán y gallego en la Cámara: “Se trata de que la institución asuma lo que es un hecho en las calles de nuestras regiones, ciudades y pueblos. Se trata de acercar la institución a la gente para serle más útil. Lo mismo que hizo en su día el Comité de las Regiones”.

El CdR es el organismo consultivo de la UE que representa a los cargos locales y regionales de los Veintisiete, que opinan sobre las leyes propuestas por Bruselas, pero sin capacidad de vetarlas. A juicio de Armengol, el Comité “debe demostrarle a Europa que esta se construye desde los territorios” y lograr que las instituciones comunitarias “tengan en cuentas las diferencias territoriales” de sus propias regiones.

“Pero lo determinante para poder progresar en todos estos frentes es que Europa vuelva a ser ejemplo liderando las luchas que más pronto que tarde acabarán empujando al resto de sociedades”, zanjó.