La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, aseguró ayer que el Gobierno foral “duplicará esfuerzos” para llegar a acuerdos con el resto de partidos políticos, tanto en materia fiscal como en otros asuntos, de manera que tiene “la mano tendida a todos”. Asimismo, aseguró que la reforma fiscal, para la que no hay aún “calendario”, debe servir para que la fiscalidad siga siendo una herramienta para poder ofrecer servicios y para “acompañar” a empresas y familias.
En todo caso, defendió que el actual sistema fiscal en Gipuzkoa “ha respondido muy bien en una legislatura convulsa”, con “dos crisis”, la de la pandemia de covid-19 y la provocada por la invasión de Ucrania, y permitió tener actualmente niveles de recaudación “récord”.
En palabras de la diputada general, la fiscalidad ha sido “una herramienta” para ofrecer servicios a la ciudadanía y ayudar a “acompañar” al tejido económico en el territorio, que ha logrado un nivel de desempleo del 6,2% que “no se conocía en los últimos años”.
De este modo, planteó que la fiscalidad debería seguir siendo en el futuro “una herramienta no solo de recaudación, sino de acompañamiento a las empresas y las familias”, y situar a Gipuzkoa “en lo más avanzado de Europa” en industria, investigación y nuevos sectores avanzados.
Preguntada si se dará prioridad al PP tras facilitar su investidura, insistió que su intención es “sentarnos en la mesa con todos los partidos” y que ya ofreció su “mano tendida a todos” para llegar a “acuerdos en esta legislatura que va a ser compleja” y en la que se va a tener que utilizar la “geometría variable”.
De este modo, remarcó que, “por mucho que se insista”, PNV y PSE llegaron al pleno de investidura con un pacto entre ambas formaciones y no tenían “ningún acuerdo con ningún otro partido político”. “De aquí al futuro, tendremos que acordar con todos los partidos o, por lo menos, con los que tengan voluntad de acuerdo”, apuntó.
Irá a la manifestación
Finalmente, aseguró que el próximo 4 de noviembre acudirá a la manifestación convocada por Kontseilua en Bilbao para denunciar las diferentes sentencias judiciales que considera contrarias a la normalización del euskera y reclamar la revitalización de la lengua. Mendoza subrayó que las instituciones vascas deben “blindar los derechos de los vascoparlantes, de nuestro propio idioma” y se debe hacer “una defensa a ultranza” de esos derechos ante “atropellos” como no permitir que, “cuando en un Ayuntamiento se trabaja en euskera”, se puedan recoger las actas en esa lengua si “no hay nadie que pida lo contrario”.
