Como en el clásico ejercicio de matemáticas que presenta a dos trenes circulando en sentido contrario y el reto es calcular en qué momento chocarán, al Gobierno español de Pedro Sánchez comienzan a preguntarle en qué punto van a colisionar sus promesas electorales de gasto, y el retorno de la ortodoxia fiscal en la Unión Europea, que volverá a imponer límites de déficit y deuda en el próximo año 2024. Este argumento lo ha utilizado ya electoralmente el PP, que prepara el terreno para los recortes y agita el discurso de la herencia envenenada que podría recibir Alberto Núñez Feijóo si se convierte en el próximo presidente tras los comicios generales de diciembre. Pero, con un enfoque diferente, esta pregunta también ha surgido entre los aliados de Sánchez. El PNV lleva meses preocupado por el frenazo en seco que parece atisbarse en el horizonte tras un fuerte endeudamiento, y Andoni Ortuzar puso en duda el viernes que el PSOE pueda cumplir todo lo que ha prometido. EH Bildu acaba de preguntar en el Congreso de dónde van a salir los 20.000 millones de desfase que podrían existir, y si habrá recortes en el gasto o se actuará por la vía de los ingresos subiendo impuestos.
El tren de Pedro Sánchez avanza a toda velocidad. Las medidas que ha anunciado van más allá de la protección social que comparte una amplia mayoría del Congreso y que ha tomado la forma de un escudo social y diversos decretos desde el estallido de la guerra en Ucrania. El 30 de junio pierde vigencia el último decreto, el Gobierno español tendrá que diseñar otro, y habrá que ver qué medidas prorroga y cuáles decaen. El descuento en el transporte público se mantendrá todo el año para las líneas de competencia estatal, pero para las autonómicas caduca en junio. Bruselas acaba de pedir que comience a prescindir de las medidas generalizadas y se centre en los colectivos vulnerables.
Pero, más allá de esa protección especial, Sánchez ha recurrido a la lluvia de millones en los mítines de campaña del PSOE para impulsar a su partido en las elecciones municipales y en varias autonomías que tendrán lugar hoy. En algunos casos, ha repetido y reciclado medidas que ya se conocían, pero otras sí son nuevas. Y algunas sobre el ocio o en ciertas franjas de edad han provocado acusaciones de improvisación. Al margen de movilizar nuevos inmuebles, ha apostado por rebajar un 50% el precio del Interrail europeo para los jóvenes de entre 18 y 30 años del 15 de junio al 15 de septiembre, activar un bono para que los mayores de 65 años acudan al cine una vez por semana por solo dos euros, reforzar la atención primaria en sanidad … Todo ello, en puertas de unas nuevas elecciones, las generales de diciembre, donde se prevé que Sánchez siga tirando de inversión.
El tren de Bruselas, que hasta ahora circulaba en paralelo con la suspensión de las reglas fiscales para dar una respuesta más humana y social a la crisis del coronavirus y la guerra en Ucrania, ahora va a virar: va a recuperar las reglas de gasto. Pero con una diferencia. El nivel de deuda que han tenido que acumular los estados para hacer frente al covid y la subida de los precios es tan monumental, que a Europa no le ha quedado otra que permitir una mayor flexibilidad a los países y que cada uno diseñe su itinerario. Eso sí, habrá un horizonte de vigilancia y multas cada seis meses a quien desborde las previsiones.
Por ahora, con carácter general, la suspensión de las reglas de gasto expira el 31 de diciembre de este año, y a partir de ahí, el déficit deberá suponer como mucho el 3% del PIB, y la deuda, un 60%, aunque en el terreno de la deuda se ha alcanzado un acuerdo para que los países la vayan reduciendo. El Estado español cerró el año pasado con un déficit del 4,8%, y con una deuda del 113,2%. El Gobierno de Sánchez ha enviado un programa de estabilidad a Bruselas que se compromete a situar el déficit en el 3% en 2024, y la deuda en el 110%.
CALVIÑO NO TEME
EH Bildu preguntaba este mes a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, qué itinerario se marca el Gobierno español para no entrar en la órbita de los países tutelados. Se temió recortes. Pero el Ejecutivo de Sánchez niega la mayor y cree que va a alcanzar holgadamente los objetivos. Por un lado, traslada el mensaje de que ha encajado las nuevas inversiones anunciadas en campaña moviendo partidas dentro de los propios presupuestos. Además, juegan a su favor los nuevos impuestos y la inflación, que ha tenido un impacto positivo en el volumen de la recaudación. Por otro lado, Calviño ha dicho que habrá un enfoque diferenciado por países. Cada uno podrá seguir sus ritmos siempre y cuando reduzca al menos un 0,5% del déficit al año.
Por ello, La Moncloa cree que el miedo a los hombres de negro no tiene razón de ser. El Ejecutivo de Sánchez defiende que este año 2023 el déficit se ceñirá al 3,9% previsto. Para cumplir en 2024, le quedaría limar un 0,9% más hasta quedarse en el 3%. La deuda se quedaría en el 110%.
Pero la Comisión Europea acaba de lanzar un primer aviso a los países por su elevado nivel de endeudamiento, que podría convertirse en un caballo desbocado con el aumento de los tipos de interés. Bruselas ha pedido que el aumento del gasto neto primario, el que resulta tras restar los intereses y los fondos de desempleo, sea como máximo del 2,6% en 2024. En principio, el Estado español debería quedar fuera de peligro, pero esto siempre según las previsiones que existen a día de hoy, que se sitúan en el 1,4% de aumento. Por lo pronto, Bruselas recomienda una reducción de 9.000 millones, el 0,7% del PIB.
En una primera fase, todo parece apuntar a la inmediata caída de las medidas de apoyo que se aplican a todos los colectivos por igual. La recomendación de Bruselas es actuar de manera más selectiva, para dar protección a personas y empresas en una situación más delicada, y no sin obviar su nivel de renta o su tamaño. La principal hipótesis apunta a la supresión gradual de las rebajas del IVA en las facturas de la luz y el gas. Para los más optimistas, con estas decisiones y el crecimiento económico, Sánchez podría cuadrar las cuentas.
Pero el escenario es más complejo y también influye lo que hagan otros estados. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, reconocía esta semana que tiene un ojo puesto en que algunos países van a aprobar medidas de apoyo directo a su industria que pueden generar distorsiones en el mercado y la competitividad.
Por otro lado, las previsiones de crecimiento económico del Estado no cuadran del todo con las europeas. Bruselas lo sitúa en el 1,9% del PIB este año y el 2% el que viene, frente al escenario más optimista de Sánchez, que habla del 2,1% y 2,3%. El Estado español lo fía todo a la flexibilidad con los estados, si bien le añade presión ser el cuarto país de la Unión Europea en nivel de deuda, solo por detrás de Grecia, Italia y Portugal. La deuda francesa se sitúa en parámetros similares a la española, lo que podría conceder un aliado de peso a Moncloa. En cualquier caso, esta situación a largo plazo resta margen de maniobra al Gobierno español por el importante nivel de endeudamiento que tiene que devolver. Los planes para contener el gasto se van a concretar a finales de año, coincidiendo con la presidencia de turno de Sánchez en el Consejo de la Unión Europea y con unas elecciones generales en las que querrá abrir de nuevo el grifo de los millones.
