Además de los grandes titulares sobre el precio de los alquileres y las zonas tensionadas, el acuerdo del Gobierno español con ERC y EH Bildu incluye otros aspectos, y la Ley de Vivienda conservará también buena parte de su redacción. Uno de los aspectos, que ERC no ocultó que disgusta a sus filas y que sí aparece recogido en el argumentario del PSOE para la prensa, es que “se establecerán una serie de incentivos y beneficios fiscales para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler”. Por otro lado, los grandes propietarios no sólo serán personas jurídicas (empresas, fondos de inversión), sino también físicas, una cuestión que sí aplauden ERC y EH Bildu.
También en el capítulo de los acuerdos presentados por ambos grupos figura que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario, y quedará prohibido aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos que, siempre según el texto facilitado por EH Bildu y ERC, obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino. Asimismo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la ley en el caso de que exista un acuerdo entre las partes porque, desde una posición de fuerza, el propietario podría obligar al inquilino a renunciar a los derechos de la nueva ley si quiere acceder a contrato. Se cierra, según EH Bildu y ERC, “otra posible vía de fraude”.
Se prohibirán, asimismo, los desahucios sin fecha ni hora predeterminada, “demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”. Se incluyen prórrogas que aplazarán los procesos más de dos años, y el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. Las comunidades podrán articular mecanismos propios de mediación.
En las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, se podrán aplicar los límites del índice de referencia de precios si se establece en la declaración de zona tensionada.
