Pedro Sánchez remitió ayer una carta al jefe del Ejecutivo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que le pide no anular, rebajar o condicionar los derechos de las mujeres “apelando a circunstancias o mayorías políticas coyunturales”. En su misiva, el líder del PSOE agradece el “acatamiento de los requerimientos” realizados por el Gobierno a la Junta de Castilla y León, que se desprende de la respuesta que dio por carta Fernández Mañueco, en la que negaba la modificación de los protocolos de aborto, y de las sucesivas declaraciones públicas en este sentido. Una rectificación que el presidente del Ejecutivo español agradece “no solamente en lo que respecta al cumplimiento de la legalidad, sino sobre todo por la tranquilidad que esto proporciona a las mujeres que residen en Castilla y León al ver que se rectifica una decisión que ponía en peligro sus derechos y cuestionaba la madurez y autonomía de sus decisiones”.

No obstante, Sánchez advierte de que su Gobierno se reserva la posibilidad de “actuar en defensa de la legalidad vigente en materia de salud sexual y reproductiva si en algún momento llegase a materializarse por cualquier vía el anuncio de la Junta de Castilla y León”. Por parte de la Junta que abandera Mañueco se considera que esta carta del líder socialista no es más que “palabrería”, pues el asunto al que apela “ya está zanjado”, por lo que desde el gabinete de Castilla y león se critica la “sobreactuación” de Sánchez. En la misiva, el presidente del Gobierno manifiesta que confía en que esta “controversia” haya quedado resuelta “asegurando la plena vigencia de los derechos y la autonomía de las mujeres”, al tiempo que reitera la “plena disposición del Gobierno de España para trabajar conjuntamente en beneficio de la ciudadanía”. Asimismo, recuerda a Mañueco que la Constitución incluye entre los valores superiores del ordenamiento jurídico, la igualdad y la libertad y reconoce como derechos fundamentales la dignidad de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres.

Sánchez hace mención además a acuerdos internacionales como el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, que el Estado español ha ratificado. “Esto no es una mera formulación retórica, sino un mandato político y ético para quienes ejercemos responsabilidades públicas”, expresa el jefe del Ejecutivo español, que pide que cualquier instrumento o estrategia deben estar guiados por estos principios: “En ningún caso cabe anularlos, rebajarlos o condicionarlos apelando a circunstancias o mayorías políticas coyunturales”.

Sánchez evoca que España es hoy “uno de los países de referencia en materia de igualdad de género” gracias a la legislación desarrollada estos últimos años para remover las dificultades que impiden a las mujeres desarrollar con autonomía su proyecto vital, también en lo que se refiere a su decisión sobre si continuar o no con su embarazo. “Este marco legal cuenta, afortunadamente, con un amplio respaldo social y parlamentario”, apostilla, y añade que “si el acoso y las coacciones son inadmisibles a la entrada de los centros abortivos, mucho menos pueden darse, por mandato legal o indicación administrativa, dentro de los mismos”.

VOX rebaja el tono

Mientras, Vox ha pasado de asegurar con firmeza que “inmediatamente” entrarían en vigor las medidas pactadas con la consejería de Sanidad (PP) –protocolo de latido fetal en el primer trimestre de gestación y generalización de las ecografías 4D– a decir que este tema “está cerrado”, con la única referencia al comunicado pactado con el PP. Por su parte, Mañueco ha buscado reforzar su autoridad aludiendo a que es él quien fija la posición de su Ejecutivo.