Los socios de Sánchez allanan el camino para modificar la sedición

La reforma para modificar el delito de sedición coge impulso después de que ayer la mayoría del Congreso, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios, rechazaran las enmiendas a la totalidad presentadas al texto, que seguirá su camino con el objetivo de aprobarse antes de que acabe el año. El pleno de la Cámara baja tumbó las enmiendas de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP a la propuesta de cambio legal impulsada por los socios de coalición, que busca convertir el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de sedición, y que contempla 8 de inhabilitación.

Solo una semana después de que el Congreso aprobase de madrugada tramitar la iniciativa, en el hemiciclo se volvieron a oír las mismas críticas de la oposición al Ejecutivo por un texto que, en palabras del PP, se ha hecho “al dictado” de los políticos condenados por el procés. Pero también retornaron los reproches de grupos como la CUP y Junts por considerar que la propuesta amenaza la protesta pacífica, un riesgo advertido por sindicatos y Amnistía Internacional.

Con la bancada azul del Gobierno vacía durante el debate, ERC lanzó un mensaje de calma al quedar “aún toda la tramitación legislativa” para mejorar una iniciativa que considera un logro para el independentismo. Su portavoz, Carolina Telechea, dejó claro no obstante que su objetivo sigue siendo la amnistía y la autodeterminación, frente a los reproches de Junts, que le acusó de “aceptar todo lo que Pedro Sánchez les pone encima de la mesa”. Superados los vetos, la proposición de ley pasará ahora al trámite de las enmiendas parciales, momento en el que ERC previsiblemente aprovechará para reavivar el debate sobre la modificación del delito de malversación, el otro por el que fueron condenados los líderes del procés.

El diputado de Junts Josep Pagès cree que con la reforma “se le da un nuevo juguete a los jueces, y vía libre a a su contrastada voluntad represora”, por lo que proponía “la derogación pura y simple del delito de sedición”, revisar las condenas, cancelar los antecedentes penales, sobreseer procedimientos y restringir la rebelión a alzamiento con armas. La diputada de la CUP Mireia Vehi puso el foco sobre que el Gobierno responde así a lo logrado por Tsunami Democratic porque el PSOE teme que la desobediencia civil sea motor de cambio. La idea de los grupos mayoritarios es que todo se sustancie rápidamente y pueda pasar a su debate y aprobación por el pleno del Congreso en la semana del 19 de diciembre para su remisión al Senado, donde es posible que se culmine la tramitación exprés de este cambio del Código Penal antes de que termine 2022.